El CCU no quiere pedir una Ley para las asociaciones de consumidores

En el editorial de la revista Consumerismo correspondiente a nuestro número de marzo-abril de este año, señalábamos que no existía una legislación específica que regule a las asociaciones de consumidores, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las organizaciones calificadas como asociaciones de relevancia constitucional, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, como es el caso de los partidos políticos, sindicatos, agrupaciones patronales, federaciones deportivas y confesiones religiosas, que ya cuentan con una ley propia.

Esto provoca que las organizaciones de consumidores se encuentren sin un marco normativo claro, riguroso y exigente que establezca los requisitos que deben reunir para ser reconocidas como tales y poder disfrutar de los derechos que la Ley les otorga en materia de representación institucional y en la recepción de subvenciones económicas.

Asimismo, señalábamos que dicha situación estaba produciendo un daño importante al movimiento de los consumidores de nuestro país, ya que dicha situación de vacío legal, permite que cada organización utilice un baremo o criterios diferentes a la hora de declarar su número de asociados, sus ingresos por el cobro de cuotas, el número de consultas y reclamaciones atendidas o tramitadas, locales en funcionamiento, etc., que no son comprobados por las administraciones públicas.

Y ello provoca una situación de clara inferioridad para las asociaciones que son más rigurosas a la hora de dar dichas cifras o se atienen a criterios más rigurosos.

Por ello desde FACUA entendemos que es urgente la aprobación de una Ley específica que regule a las asociaciones de consumidores y con ello se contribuya a establecer un marco más transparente, objetivo y más justo, que permita ganar más credibilidad y establecer la representatividad de cada una de ellas sin favoritismos ni partidismos, en relación a la participación institucional y la concesión de subvenciones.

Sin embargo esta opinión no ha sido compartida por el resto de las organizaciones de consumidores que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, ya que todas ellas rechazaron la petición de FACUA de que el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores españoles, presentara una petición ante la Comisión Interministerial de Consumo, para que se estudiara la elaboración de una ley de los Consumidores, que regule la existencia y el funcionamiento de sus organizaciones.

Lamentablemente, FACUA se ha quedado sola defendiendo esta exigencia y se ha tenido que dirigir en solitario a los Ministerios de Sanidad, de Justicia y de Interior en demanda de esta necesaria ley, que ponga fin a un vacío legal que sólo provoca discrecionalidad, partidismo y falta de rigor, por parte de los gobiernos central y autonómicos, a la hora de medir la representatividad de las distintas organizaciones de consumidores, la concesión de las subvenciones públicas y la participación de éstas en los distintos órganos consultivos españoles y europeos.

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