La SGAE, denunciada ante Bruselas por prácticas monopolistas

Más de 1.200 tiendas de informática han llevado ante Bruselas a la entidad, junto con otras seis sociedades similares, por un presunto abuso de posición dominante.

La SGAE y otras seis sociedades similares han sido denunciadas ante la Comisión Europea por más de 1.200 tiendas de informática por un supuesto abuso de posición dominante y vulneración del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según recoge el diario El Economista.

Según el colectivo, estas entidades operan en régimen de monopolio, imponen sus tarifas de forma arbitraria y no están sujetas a ningún tipo de control por parte del Estado. Una denuncia que también han dirigido hacia España, por haber permitido este tipo de actuaciones a través de la aprobación de una normativa para regular la propiedad intelectual y el canon digital.

Las tiendas de informática esperan que se constate la existencia de dichas infracciones y que se ordene, tanto a las propias entidades de gestión como al gobierno de España, que pongan fin a dichas irregularidades. Además de la SGAE, también están denunciadas Aisge, entidad que preside Pilar Bardem para la defensa de los derechos de los actores; AIE, Egeda, Cedro y Vegap.

Reincidentes

No es la primera vez que estas entidades se enfrentan a una denuncia. Anteriormente, la Comisión Nacional de la Competencia les ha impuesto ya varias multas por prácticas monopolísticas y por tarifas abusivas. Una de ellas por cobrar a las televisiones privadas hasta diez veces más que a RTVE. Incluso ha llegado a elaborar un informe en el que instaba al gobierno a revisar la Ley de Propiedad Intelectual para garantizar "un marco claro y predecible para los agentes".

Según el regulador, la posición monopolística de las entidades de gestión "reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas discriminatorias y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios". Competencia, por su parte, considera que, con la obligación de una gestión colectiva de los derechos, no sólo se impone una "clarísima barrera de entrada a la competencia", sino que además se favorece el que las entidades puedan fijar las tarifas atendiendo tan sólo a su propio criterio.

Sin embargo, el actual gobierno de España no ha atendido estas recomendaciones y no ha manifestado intención alguna de modificar la ley ni actuar contra los autores.

Posibles consecuencias

Tras recibir la denuncia, los expertos de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea deben ponerse en contacto tanto con las entidades de gestión como con el Gobierno español para pedirles su versión y reunir la información necesaria para adoptar una decisión.

Si Bruselas ve indicios de que efectivamente se está infringiendo el Derecho comunitario, podría abrir expediente de infracción, exigiendo al Estado que modifique su trato a las sociedades de autor. En el caso de que España se negara, el asunto podría terminar ante el Tribunal de la UE.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa agiliza la posibilidad de imponer multas millonarias a los Estados de la UE, pero éstas pueden tardar años en llegar y deben ser previamente avaladas por los jueces comunitarios.

Respecto a las propias sociedades de gestión, si Bruselas llega a la conclusión de que están al margen de la legalidad y que incurren en un abuso de posición dominante, les haría llegar un pliego de cargos y les emplazaría formalmente a ejercer su derecho de defensa. Bruselas podría simplemente conformarse con exigir cambios en su comportamiento, o también optar por la imposición de multas millonarias en función de los ingresos de las sociedades. No obstante, cualquiera de las decisiones de Bruselas podrían ser recurridas ante la Justicia comunitaria.

A la espera del Tribunal de Luxemburgo

La postura de la SGAE es la más complicada, puesto que ésta se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que, a raíz de una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona, debe valorar si las empresas deben pagar o no el canon digital.

La abogada general del tribunal apoya la existencia del pago de esta compensación por la copia privada de contenidos digitales, aunque ha cuestionado de forma clara y contundente que las compañías, despachos y profesionales tengan que abonarla.

A la espera de la resolución final que se dicte en Luxemburgo, las entidades de gestión se han apresurado a afirmar que si las empresas no pagan el canon, los particulares tendrían que abonar tarifas aún mayores que las existentes en la actualidad.

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