FACUA lamenta que Bruselas no haya expedientado a Francia por las expulsiones de gitanos

La asociación considera que esta situación evidencia que la UE puede ser una comunidad económica, pero no avanza como una Europa social y de la integración.

FACUA-Consumidores en Acción lamenta la decisión del Ejecutivo comunitario de no abrir expediente contra Francia por las deportaciones masivas de inmigrantes gitanos rumanos. La Comisión Europea ha renunciado a sancionar al Gobierno francés por discriminación, aunque sí ha advertido al país por una cuestión técnica al no haber convertido en derecho positivo francés las garantías definidas en la directiva sobre libre circulación.

FACUA considera que Francia, con esta medida, podría estar incumpliendo dicha directiva y vulnerando los derechos fundamentales de estos ciudadanos europeos.

Las acciones tomadas por el Gobierno francés evidencian que la Unión Europea puede ser una comunidad económica, pero no avanza como una Europa social y de la integración. Muestra la incapacidad de que el proyecto europeo proteja a todos los ciudadanos por igual, creando ciudadanos europeos de segunda, lo que condena a ciertas minorías a la marginación, la estigmatización y a la pobreza.

Asimismo, FACUA entiende que con esta medida se está castigando la pobreza y marginación de estos ciudadanos con argumentos xenófobos y racistas que, más allá de solucionar el problema, lo empeora al generar una mayor desigualdad entre ciudadanos europeos.

Discriminación

Una circular oficial interna del 5 de agosto dirigida a la policía francesa y que fue publicado por el periódico local Le Canard Social, especifica hasta en siete ocasiones que hay que erradicar los asentamientos de inmigrantes ilegales "tomando como prioridad los de los gitanos rumanos".

FACUA considera que este documento muestra la intención del gobierno de deportar a personas por pertenecer a un determinado grupo étnico y no a individuos concretos que hayan atentado contra el orden público.

En este sentido, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha señalado que dicha circular ha sido anulada por el Gobierno galo y que la Comisión Europea no tiene pruebas concretas para abrir expediente por discriminación.

El artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida "por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual".

Libre circulación

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, pero es importante tener en cuenta que el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superiores a tres meses está sujeto a condiciones.

La mayoría de estas limitaciones se establecen en la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. En ella se establece que todo ciudadano de la UE tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, está matriculado en un centro público o privado, o dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado.

Los Estados miembros pueden limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la UE por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Sin embargo, y a pesar de no definir claramente estos conceptos, sí establece que antes de tomar la decisión de expulsión deberá tener en cuenta las circunstancias personales de cada individuo y notificar al interesado por escrito, así como comunicar con precisión y por extenso las razones e indicar la jurisdicción o instancia administrativa ante la cual el interesado puede interponer recurso.

En este sentido, FACUA considera que Francia podría estar vulnerando la normativa europea al realizar expulsiones masivas, ya que no estarían analizando cada caso individual.

El Protocolo Nº 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en su artículo cuarto prohíbe explícitamente las "expulsiones colectivas de extranjeros", así como el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe claramente las "expulsiones colectivas".

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