Sando y Martín Casillas

El Defensor del Pueblo recrimina al Ayuntamiento de Sevilla que no actuase contra tres parkings denunciados por tarifas no autorizadas

Rechazó las pruebas aportadas por FACUA Sevilla y no realizó inspecciones. "No se ha puesto ninguna multa porque son empresas bastante colaboradoras con la ciudad", llegó a afirmar el delegado de Movilidad en noviembre de 2007.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recriminado a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento hispalense que no actuase contra los aparcamientos de Sando y Martín Casillas tras las denuncias presentadas por FACUA Sevilla en septiembre de 2007 por aplicar sendas subidas de tarifas que no habían sido autorizadas.

Su "actitud pasiva", advierte José Chamizo en una carta remitida a Movilidad, "perjudicó notablemente a la ciudadanía usuaria de los aparcamientos y benefició a las empresas concesionarias".

Los aparcamientos de Martín Casillas en Avenida de Roma y Plaza de Cuba y el de Sando en el Paseo Colón aplicaron ilegalmente subidas de tarifas de hasta el 53% en septiembre de 2007, cuando la entrada en vigor de una Ley les obligó a cobrar por minutos.

"No se ha puesto ninguna multa porque son empresas bastante colaboradoras con la ciudad", llegó a afirmar el delegado de Movilidad, Francisco Fernández en noviembre de 2007 en declaraciones a El Correo de Andalucía. FACUA Sevilla, que desconoce a qué colaboración se refería el Delegado, considera que en cualquier caso nada puede eximir a una empresa de cumplir la legislación.

Movilidad rechazó las pruebas aportadas por FACUA Sevilla con sus denuncias, una fotografía y copias compulsadas de recibos, y no realizó inspecciones que habrían verificado las irregularidades para posteriormente archivar las denuncias.

Tras pedir la actuación del Defensor del Pueblo, José Chamizo, su oficina solicitó a la Delegación de Movilidad un informe sobre las medidas llevadas a cabo ante la denuncia de FACUA Sevilla.

Ahora, Chamizo ha comunicado a FACUA Sevilla que ha remitido un escrito a Movilidad en el que le advierte que "el relevante interés público que existía en verificar la certeza de lo denunciado(...) hubiera exigido, en una Administración sensible de servicio a la ciudadanía, como es el modelo configurado por la Constitución que, de manera diligente y con base a las fotocopias y fotografías aportadas por el interesado cuya buena fe y confianza legítima en sus relaciones con la Administración la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común protege en su artículo 3.2, se hubiera dado el trámite oportuno a los responsables de las concesiones de estos servicios para que alegaran lo que consideraran conveniente en relación con la reclamación o denuncia formulada".

"En definitiva", plantea el Defensor del Pueblo, "creemos que había indicios razonables para tramitar una denuncia, a la vista de las pruebas aportadas, por incumplimiento del régimen de tarifas de los parkings públicos que debió ser investigado por ese Ayuntamiento a fin de (...) realizar unas actuaciones mínimas de verificación de las mismas con la finalidad de proteger los intereses públicos en juego y los derechos de los usuarios de stos aparcamientos".

"Noticias que aparecieron en prensa confirmaron la aplicación de tarifas no autorizadas por parte de los concesionarios de estos aparcamientos", añade la carta del Defensor. "Sin embargo, no nos consta que se incoaran expedientes sancionadores, dentro de las funciones de policía demanial, que corresponden a esa Administración, como concedente del servicio, para determinar las posibles responsabilidades en las que, en su caso, hubieran podido incurrir los concesionarios".

Y continúa advirtiendo que "de todo ello se deriva, a nuestro juicio, una actitud pasiva de esa Delegación de Movilidad que perjudicó notablemente a la ciudadanía usuaria de los aparcamientos y benefició a las empresas concesionarias, incumplidoras de sus obligaciones".

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