El CCU, la ONCE y el Cermi firman un acuerdo de colaboración para la defensa de los derechos de los discapacitados en su papel de consumidores

Se pretende fomentar también la regulación del juego ilegal, incluyendo sectores como el de Internet y la telefonía móvil.

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), la ONCE y el Comité Español de Representantes y Personas con Discpacidad (Cermi) han firmado un convenio de colaboración con objeto de defender los derechos de las personas con discapacidad en su faceta de consumidores, además de realizar actuaciones que favorezcan y hagan efectivas sus garantías en este terreno.

El convenio, firmado este lunes, ha sido suscrito por Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación; y Luis Cayo Pérez, presidente del Cermi. Mediante el mismo, se dará apoyo a iniciativas de fomento del consumo responsable, insistiendo sobre todo en su dimensión social, beneficiando así a los productos y servicios producidos por personas con discapacidad que trabajan en Centros Especiales de Empleo.

Con este convenio se pretende también impulsar y promover entre el secto empresarial la necesidad de introducir la perspectiva de la discapacidad en sus productos y servicios que, en definitiva, tienen como destinatarios a toda la sociedad y, entre ellos, a los casi cuatro millones de ciudadanos con discapacidad que viven en España.

Por otra parte, se realizarán actividades relacionadas con la seguridad jurídica de los consumidores y usuarios, impulsando actuaciones y una regulación en el marco del sector del juego, incluyendo sectores como el de Internet, telefonía móvil y otros soportes tecnológicos existentes o que puedan existir, y que puedan en algún momento poner en riesgo la seguridad del consumidor.

Con este convenio, que tiene una vigencia de dos años y que tendrá un seguimiento regular a través de un comité específico sobre sus avances, se garantiza que las personas con discapacidad no sean utilizadas a la hora de ser contratadas por empresas que practican actividades como el juego ilegal, y aquéllas que puedan vulnerar sus derechos a la hora de realizar alguna compra.

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