FACUA Sevilla logra una sanción de 30.000 euros contra Aguas del Huesna por aplicación ilegal de tarifas en dos localidades

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la multa impuesta en 1997 por la entonces Consejería de Trabajo e Industria.

Tras ocho años de acciones, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha logrado una sanción de 30.050 euros contra Aguas y Servicios del Huesna por aplicación ilegal de tarifas en las localidades de Cantillana y Villanueva del Río y Minas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la multa impuesta en 1997 por la entonces Consejería de Trabajo e Industria.

FACUA Sevilla presentó sendas denuncias en diciembre de 1994 y marzo de 1995 contra Aguas y Servicios del Huesna por aplicar en los citados municipios tarifas que no habían sido autorizadas por la Comisión de Precios de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Economía en el que participa FACUA entre otros agentes sociales y económicos.

Además, los recibos emitidos por la empresa ni siquiera indicaban la tarifa aplicada, el calibre y número de identificación del contador o si los consumos facturados eran reales o estimados. Estas omisiones, entre otras denunciadas, vulneraban el Reglamento andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, regulado por el Decreto 120/91.

En Cantillana, Aguas y Servicios del Huesna incurrió en esta irregularidad desde el inicio de su actividad, en mayo de 1994, hasta junio de 1996, fecha en que comenzó a aplicar tarifas aprobadas por la Comisión de Precios. En Villanueva del Río y Minas la suministradora prestó sus servicios entre mayo y octubre de 1994, periodo durante el cual aplicó tarifas no autorizadas, ya que el Ayuntamiento canceló temporalmente la concesión del suministro.

La entonces Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica impuso a Aguas y Servicios del Huesna una multa de 30.050 euros en febrero de 1997. La empresa presentó un recurso, que fue desestimado por la Consejería de Trabajo e Industria en enero de 1998, tras lo que lo elevó al TSJA, que ha confirmado la sanción.

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