Tras las denuncias de FACUA

Abren expedientes sancionadores a Movistar y Vodafone por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago si no realizan recargas

FACUA denunció hace un año a los tres principales operadores móviles. La asociación critica la pasividad del INC y la enorme lentitud de las autoridades de Consumo.

Como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción hace un año, autoridades de Consumo de Madrid y Andalucía han abierto sendos expedientes sancionadores a Movistar y Vodafone, respectivamente, por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago si no realizan recargas en determinados plazos.

En octubre de 2009, FACUA denunció a los tres principales operadores móviles -Movistar, Vodafone y Orange- el Instituto Nacional del Consumo (INC) del ahora Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y autoridades de protección al consumidor autonómicas, entre ellas la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde las compañías tienen sus sedes sociales.

FACUA insta a los usuarios afectados a que reclamen a las compañías que les devuelvan las cantidades de las que se apropian cuando no realizan recargas en varios meses -entre siete y trece, según el operador-, además de darles de baja las líneas.

FACUA critica que como es lamentablemente habitual, los procedimientos abiertos por las autoridades de Consumo están tramitándose como una enorme lentitud, para perjuicio de los intereses de los consumidores, que un año después de las denuncias continúan sufriendo las mismas irregularidades por parte de las compañías de móviles.

El INC se desentiende

Por su parte, el INC se desentendió de las denuncias, pasándoselas a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Setsi decidió devolvérselas al INC ya que las denuncias de FACUA aludían al incumplimiento de normativa de protección al consumidor y no de telecomunicaciones.

Tras ello, en lugar de analizar jurídicamente el asunto e instar a las compañías a rectificar y fomentar actuaciones sancionadoras por parte de todas las comunidades autónomas, el Instituto Nacional del Consumo se limitó a derivar las reclamaciones de FACUA a la Comunidad de Madrid, por tener allí su sede las cuatro compañías.

En Andalucía, tres administraciones analizan la misma irregularidad

En el caso de las denuncias presentadas ante la Dirección General de Consumo andaluza, FACUA trasladó el pasado febrero una queja a este organismo ya que decidió poner los casos, con idéntica argumentación jurídica, en manos de tres servicios provinciales de Consumo distintos: los de Cádiz (Orange), Córdoba (Movistar) y Málaga (Vodafone). Algo que demorará aún más la finalización de los procedimientos.

La Dirección General incumplió así el compromiso que a petición de FACUA asumió en el Consejo Andaluz de Consumo de tramitar directamente las denuncias contra varias empresas presentadas por las organizaciones de consumidores en las que coincidan las irregularidades o trasladarlas todas al mismo Servicio provincial.

Un año después de las denuncias, sólo el Servicio de Consumo de Málaga ha informado a FACUA de la apertura de un expediente sancionador a Vodafone, mientras que los dos restantes no han indicado el estado de los casos.

Por su parte, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha anunciado a FACUA la apertura del expediente sancionador a Movistar, pero no le ha informado del estado de las otras dos denuncias.

Práctica abusiva contraria a la normativa de protección al consumidor

FACUA considera que las prácticas de las operadoras vulneran el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

En su artículo 87.6, la norma considera abusivas "las estipulaciones que impongan (...) la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado y el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente".

FACUA advierte que las compañías ni siquiera pueden justificar que todos los usuarios que no realizan recargas en los plazos establecidos únicamente les reportan costes de mantenimiento.

En primer lugar, porque la mera recepción de llamadas por parte de estos ya representa una fuente de ingresos para las compañías.

Pero además, hay usuarios que no necesitan realizar recargas con las frecuencias estipuladas por sus compañías al no tener niveles de consumo elevados, aunque sí consumen saldo al realizar llamadas, envíar mensajes o contectarse a Internet.

Es más, si las compañías consideran que determinados clientes pueden no resultarles rentables, están en su derecho a establecer determinadas condiciones de consumo. Pero siempre que éstas no resulten abusivas y devuelvan el saldo a los usuarios a los que den de baja.

Las condiciones abusivas

Con Movistar, si los usuarios no realizan una recarga en siete meses, la compañía se queda con el saldo. Tras seis meses sin recargas, restringe el tráfico saliente y pasado el séptimo mes, sólo permite recibir SMS durante quince días, después de los cuales se anula todo el tráfico.

Con Vodafone, si no se recarga en diez meses, se pierde el saldo y el número. En el décimo mes, sólo pueden recibirse llamadas.

Con Orange, se pierde el saldo y el número si no se recarga en trece meses. Durante el último mes, sólo se puede recibir llamadas o conectarse a Internet.

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