Entramado desarticulado por la Guardia Civil

FACUA demanda una investigación sobre los empleados de entidades públicas y privadas que compraron titulaciones académicas

Muestra su especial preocupación ante el hecho de que personal no cualificado esté desempeñando tareas relacionadas con la seguridad y la salud de los consumidores, pudiendo ponerlas en riesgo.

Ante la desarticulación por la Guardia Civil de un falso sindicato de Cádiz dedicado a vender diplomas y certificados oficiales, FACUA-Consumidores en Acción demanda que las investigaciones se amplíen a aquéllas personas que hayan accedido a empleos en entidades públicas y privadas gracias a estos títulos fraudulentos.

En este sentido, la asociación muestra su especial preocupación ante el hecho de que personal no cualificado esté desempeñando tareas relacionadas con la seguridad y la salud de los consumidores, pudiendo ponerlas en riesgo.

Los puestos de trabajo vinculados a estas titulaciones fraudulentas del ámbito sanitario, la prevención de riesgos laborales y otras tareas vinculadas a la seguridad son los primeros que en opinión de FACUA deben investigarse para tomar las medidas que correspondan.

FACUA espera asimismo que se investiguen la totalidad de subvenciones concedidas por distintas administraciones públicas al Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz.

Así, considera necesario que se auditen qué criterios se han seguido para otorgar dinero público a una entidad lucrativa con la falsa apariencia de un sindicato y cómo se ha controlado el cumplimiento de los programas subvencionados así como la realización de los cursos que supuestamente impartía con la homologación de las administraciones.

Operación Catis

La Guardia Civil, en la denominada operación Catis, desarrollada en Cádiz, Badajoz y Canarias, ha desarticulado una organización dedicada a falsificar diplomas y certificados oficiales y ha detenido a ocho personas e imputado a otras tres como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. Asimismo se han intervenido más de 1.460.000 euros procedentes de esta fraudulenta actividad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de noviembre de 2009, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero.

Seguidamente, se pudo comprobar que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz, previo pago de 80 euros y una fotocopia del DNI, proporcionaba diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales, sin recibir formación alguna. Gracias a estos diplomas se conseguían trabajos para los que se exigía una determinada titulación.

Entre otros, se podían adquirir certificados y diplomas del Curso básico de Riesgos Laborares, entre otros, titulaciones necesarias para poder optar a determinadas bolsas de trabajo o para trabajar en el sector del metal.

Bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados anunciándose incluso a través de Internet, para ofrecer diversos cursos organizados por instituciones y organismos oficiales o el propio Sindicato Independientes de Trabajadores de Cádiz.

Modus operandi

El supuesto sindicato certificaba, previo pago de 80 euros, que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas. En realidad, el alumno no realizaba ninguna hora presencial, ni el sindicato preparaba al trabajador.

Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato gaditano. Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción del alumno.

Los agentes encargados de la investigación determinaron que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que habría que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.

La organización estaba encabezada por el secretario general del sindicato, Eladio Patricio Gracia Sadaba, cerebro de la organización, que se valía de otras personas, organismos y empresas, que facultaban al sindicato los títulos que expedía.

Estas titulaciones eran más tarde presentadas por los alumnos en los distintos concursos oposiciones para acceder a puestos de trabajo o bolsas de contratación que exigían dichos certificados oficiales.

Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición de un juzgado de instrucción de Cádiz.

Según ha informado la Cadena SER, estarían implicadas en la trama dos ex directivas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias (Essscan) que pertenecen a etapas en las que el Partido Popular (PP) dirigía la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional.

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