Manifiesto 'Si es legal, es legal'

FACUA envía a los grupos parlamentarios 30.000 firmas contra la 'Ley Sinde'

Les pide que no aprueben una norma realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU.

FACUA-Consumidores en Acción ha enviado a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios contra la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU.

FACUA y los firmantes de su manifiesto Si es legal, es legal piden a los portavoces de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde mañana se vota la Ley de Economía Sostenible sin debate previo en el Pleno de la cámara, que no aprueben una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse.

FACUA invita a los usuarios a que envíen mensajes de correo electrónico a los portavoces de la Comisión de Economía pidiéndoles que rechacen la Ley Sinde: PSOE, María Montserrat Colldeforns i Sol (mcolldeforns@diputada.congreso.es) y Marta Gastón Menal (marta.gaston@diputada.congreso.es); PP, Cristóbal Montoro Romero (cristobal.montoro@diputado.congreso.es) y Baudilio Tomé Muguruza (baudilio.tome@diputado.congreso.es); CiU, Josep Sánchez i Llibre (jsanchez@unio.cat); EAJ-PNV, Pedro Azpiazu (pedro.azpiazu@diputado.congreso.es); ER-IU-ICV, María Nuria Buenaventura Puig (nuria.buenaventura@diputada.congreso.es); y Grupo Mixto, la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas González-Moro (ana.oramas@diputada.congreso.es).

Si es legal, es legal

En el manifiesto elaborado por FACUA, que los usuarios pueden seguir suscribiendo en la web sieslegaleslegal.org, se denuncia que el Ministerio de Cultura viene desarrollando una "política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural."

"Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible", denuncia el manifiesto, se pretende lograr "lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P ".

Así, recuerda que una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes.

Los enlaces constituyen "la base misma de Internet", señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, "como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet", tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.

"El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada", recuerda al manifiesto, "y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones...".

FACUA advierte que los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales, pero también son el único sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses.

El manifiesto Si es legal, es legal critica que "la industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico".

"Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de cassette, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet".

El manifiesto concluye planteando que "ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura", y demandando "un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria".

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