FACUA.org triplicó sus visitas el lunes

Más de 5.000 internautas se suman en 24 horas al manifiesto de FACUA contra la 'Ley Sinde'

'Si es legal, es legal' ya supera las 35.000 firmas. La Ley de Economía Sostenible se vota este martes en la Comisión de Economía del Congreso.

Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto de FACUA-Consumidores en Acción contra la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que se vota este martes, realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU.

FACUA envió en la mañana de ayer a los portavoces de la Comisión de Economía del Congreso las casi 30.000 firmas -ahora más de 35.000- del manifiesto Si es legal, es legal que había recogido hasta entonces para pedirles que no aprueben una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse.

También desde ayer ha crecido de forma importante el número de usuarios que han entrado a formar parte de FACUA como socios a través de su web, FACUA.org, para apoyarla en sus acciones en defensa de los consumidores. El sitio triplicó sus visitas el lunes.

Cientos de mensajes llaman a suscribir el manifiesto de FACUA desde la red social Twitter, donde también la asociación está experimentado en las últimas horas un acusado aumento de los seguidores de su espacio, twitter.com/facua, como igualmente ha ocurrido en Facebook, en facebook.com/consumidoresenaccion.

En el manifiesto elaborado por FACUA se denuncia que el Ministerio de Cultura viene desarrollando una "política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural."

"Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible", denuncia el manifiesto, se pretende lograr "lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P ".

Así, recuerda que una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes.

Los enlaces constituyen "la base misma de Internet", señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, "como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet", tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.

"El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada", recuerda al manifiesto, "y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones...".

FACUA advierte que los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales, pero también son el único sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses.

El manifiesto Si es legal, es legal critica que "la industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico".

"Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de cassette, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet".

El manifiesto concluye planteando que "ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura", y demandando "un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria".

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