Desmantelada en Sevilla una red dedicada a la obtención de créditos con documentación falsa

Los detenidos han defraudado en torno a dos millones de euros a un total de sesenta afectados.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un total de cuarenta y dos personas, entre las que se incluyen un director de una sucursal bancaria y el director de una oficina de caja de ahorros, por su presunta pertenencia a una red organizada dedicada a la obtención de préstamos bancarios utilizando documentación falsa, medio a través del cual han defraudado en torno a dos millones de euros a un total de 60 afectados, quince de los cuales se encuentran entre los detenidos.

La operación, denominada Capital y que se inició el pasado mes de septiembre de 2010, ha sido dada a conocer este jueves en rueda de prensa por el inspector jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Fernando Sevillano, quien ha explicado que, como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de cuarenta y dos personas, veintisiete de ellas miembros de la organización y a quienes se imputa los presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y en algunos casos falsificación de documentos, mientras que las quince restantes forman parte de los afectados y están imputados por haber colaborado en la falsificación de los documentos.

El responsable policial ha detallado que la presunta estafa la lideraba una empresa mercantil, dedicada a la compraventa inmobiliaria y al préstamo de capital privado. Según ha explicado, al frente de esta empresa se encontraba un administrador único y "máximo" responsable de la misma, con quien colaboraban fundamentalmente un informático y dos falsificadores, uno dedicado a la elaboración de la documentación falsa y el segundo de ellos dedicado a la fabricación de los sellos de empresas y organismos públicos y privados.

Sobre el modus operandi, Sevillano ha precisado que la organización entraba en contacto con personas de escaso nivel de solvencia económica y de formación, fundamentalmente ciudadanos en paro o con un empleo pagado con dinero negro, a quienes llegaban a conocer "gracias a través de directores bancarios que conocían la problemática de sus clientes, de agentes externos y a través de las listas de viviendas a subastar publicadas".

De esta manera, les ofrecían la posibilidad de saldarles todas las deudas a cambio de realizar un contrato de compra-venta "ficticio" de sus viviendas, que pasaban a ser propiedad de la empresa y contra las que pedían un préstamo hipotecario.

Sin préstamo ni vivienda

Así, era la propia organización la que presentaba en las entidades bancarias implicadas documentación "falsa" consistente en nóminas, informes de vida laboral, contratos de conversión en trabajadores indefinidos y declaraciones de la renta, todo ello al objeto de "poder justificar unos ingresos solventes con los que hacer frente al futuro préstamo". "Si la empresa no conseguía el préstamo, la casa ya estaba a su nombre, y la víctima se quedaba sin préstamo y sin vivienda", ha apostillado Sevillano.

Según ha añadido, el préstamo se conseguía "en connivencia" con los directores bancarios detenidos, los cuales "miraban para otro lado" y concedían préstamos a personas con escasos recursos económicos, para lo que "engañaban" al banco o a la caja de ahorros, ya que "daban solvencia a personas que no eran solventes".

El responsable policial ha dado a conocer que, por cada crédito hipotecario concedido en estas circunstancias, los directores bancarios cobraban unos 5.000 euros. Una vez concedido el crédito, se retiraba el dinero y la empresa se quedaba con el mismo, mientras los afectados se hacían cargo de la hipoteca.

La tasadora de la vivienda también formaba parte de la organización, tasando por encima de su valor y consiguiendo la máxima tasación posible, incrementando con ello el préstamo hipotecario conseguido.

Por tanto, las ganancias se encontraban entre el crédito concedido y el valor real de la casa. Es decir, y en resumen, la estafa se producía cuando la empresa revendía la vivienda a las víctimas -quince de las cuales han sido detenidas por autorizar la falsificación-, una vivienda que con anterioridad se había puesto a nombre de la empresa responsable de la estafa a cambio de que ésta se hiciera cargo de las deudas.

La operación continua abierta

Dentro de esta "laboriosa" operación, que se ha desarrollado entre septiembre y diciembre de 2010 y que continúa abierta ya que se conoce que la empresa ha operado también en Cádiz y en Córdoba, se han realizado registros domiciliarios en la propia sede social de la empresa, en el domicilio particular del responsable de la misma, en el de la persona dedicada a falsificar documentos y en el de la persona que fabricaba los sellos.

Aunque por el momento hay cuarenta y dos detenidos, diez de los cuales han sido puestos a disposición judicial quedando en libertad con cargos, la Policía está investigando al notario que firmó el 95% de estas operaciones fraudulentas.

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