Intervienen 1,2 toneladas de boquerones inmaduros destinados a mercados de Sevilla, Córdoba y Málaga

La Guardia Civil advierte de que existe un riesgo sanitario porque este pescado, cuya comercialización es ilegal, llega al consumidor sin pasar ningún control sanitario.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han procedido a la intervención en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de 1.237 kilogramos de boquerones con talla inferior a la reglamentaria, cuyo destino final eran mercados de las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, la actuación se ha llevado a cabo cuando los agentes detectaron una partida de inmaduros expuesta para la venta en el interior de la lonja pesquera de Sanlúcar, tras haber sido descargada de la embarcación Sanlúcar-II, dedicada a la pesca en la modalidad de cerco.

Efectuadas las medidas del pescado, se comprobó que la longitud media de los mismos no sobrepasaba los ocho centímetros, talla "muy inferior a la legalmente permitida".

Señala el Instituto Armado que los responsables de estos ilícitos, pese a las fuertes sanciones a que se enfrentan -que pueden oscilar entre los 60.000 y los 300.000 euros- persisten en su actitud y conducen a la esquilmación del caladero del Golfo de Cádiz y a la necesidad de paradas biológicas cada vez más frecuentes, por el agotamiento de los recursos pesqueros del mismo.

Riesgo sanitario

Asimismo, se ha dirigido a las personas que compran inmaduros advirtiéndoles del "riesgo sanitario al que se exponen", dado que dicho pescado, cuya comercialización es ilegal, llega al consumidor "sin pasar ningún control sanitario", tanto en lonja como en la cadena de distribución.

A lo anterior hay que añadir que al tratarse de un producto que se deteriora en un corto espacio de tiempo se suelen utilizar productos no autorizados para prolongar su conservación, tales como el formol o el ácido bórico.

Finalmente, detalla que por los hechos anteriormente expuestos se ha procedido a formular denuncia contra el patrón de la embarcación, por la comisión de una infracción "muy grave" a lo establecido en la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, siendo trasladado el pescado intervenido a las instalaciones de Pemares, dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

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