Consumo de Andalucía oculta a FACUA qué hace con sus denuncias por abusos y fraudes y dice que éstas ni siquiera la obligan a actuar

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda a la Dirección General de Consumo que la ley le impide "ignorar el contenido de las denuncias" y le pide que actúe con "transparencia" informando a FACUA del contenido de sus resoluciones.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía viene ocultando y negándose a informar a FACUA Andalucía sobre las medidas que lleva a cabo tras sus denuncias de oficio, en muchos casos por fraudes masivos que sufren los consumidores.

Así, es en muchos casos una incógnita si Consumo actúa ante las irregularidades denunciadas por FACUA Andalucía, el contenido de sus resoluciones, si aplica o no sanciones a las empresas que incurren en abusos y fraudes contra los consumidores, su cuantía y si éstas son finalmente abonadas.

FACUA Andalucía denunció la situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que requirió a la Dirección General de Consumo que argumentase sus motivos. En su respuesta, Consumo advirtió que "ni siquiera la denuncia vincula a la Administración a efectos de quedar obligada, a instancia de parte, a la incoación de expediente sancionador" y que de hacerlo, no tiene por qué considerar a FACUA parte interesada en el procedimiento, aunque sea la propia denunciante.

"Ignorar las denuncias vulneraría los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica"

Tras estudiar la cuestión, el Defensor ha emitido una resolución en la que advierte a Consumo que "es evidente que no puede quedar a la mera voluntad de la Administración la realización u omisión a su arbitrio de las actuaciones tendentes a hacer cumplir la legalidad vigente, dejando impunes los hechos que la infrinjan, cuando alguien a quien la norma legitima para denunciar los mismos, se haya preocupado en comunicarlos a quien debe sancionarlos, de resultar procedente".

Así, indica que "la competencia que ostenta la Administración lo es exclusivamente para incoar el procedimiento sancionador (...) sin que ello la legitime para decidir, arbitrariamente, ignorar el contenido de la denuncia y sustraerse a su obligación de reprimir las actuaciones infractoras". Hacerlo infringe "el principio de legalidad" al que está vinculada la Administración, como también "los de igualdad y seguridad jurídica", recuerda el Defensor del Pueblo Andaluz.

Ocultarle información le impide saber si Consumo actúa con eficacia frente al fraude

En cuanto al trato que debe recibir, el Defensor recuerda a Consumo que FACUA "además de actuar como denunciante en los expedientes iniciados a su instancia, está legitimada legalmente para actuar en nombre y representación de los consumidores y usuarios, cuyos intereses generales tiene por función defender y proteger, pudiendo para ello ejecutar las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales".

En este sentido, recuerda que sólo teniendo acceso a "determinados aspectos del procedimiento puede comprobar la eficacia de su intervención denunciadora y, en su caso, la represión administrativa de la conducta atentatoria contra los intereses de los consumidores".

"Las asociaciones de consumidores y usuarios desempeñan una importante función de colaboración con la Administración que ésta no debería desdeñar, colocándola al mismo nivel que un ciudadano denunciante cualquiera, sino en la posición cualificada que por su naturaleza, legitimación plural y fines le corresponden", recalca.

Como conclusión, el Defensor plantea que "una adecuada sensibilidad administrativa respecto de la labor que las asociaciones de consumidores, como FACUA, desempeñan en la defensa de los intereses colectivos y difusos y, como colaboradoras prácticas de la Administración en la defensa de la legalidad vigente, hace inexorable reconocer su derecho a que conozcan el resultado de su denuncia, mediante la notificación de la resolución que el procedimiento sancionador iniciado a su instancia recaiga".

El Defensor pide "transparencia"

En su Resolución, el Defensor pide a la Dirección General de Consumo "que conforme a los principios de buena administración y transparencia administrativa y no contrariando con ello la legislación vigente, dé las instrucciones precisas para posibilitar que, en adelante, en los procedimientos sancionadores en materia de consumo iniciados por denuncia de una organización o asociación de consumidores y usuarios legítimamente constituida, la denunciante sea notificada tanto del acto administrativo de iniciación o no del procedimiento, como de la resolución finalizadora del mismo, incluyendo el contenido de dicha resolución y firmeza".

Asimismo, le recomienda "que promueva una regulación expansiva de la consideración" de estas asociaciones "en los procedimientos sancionadores instados por las mismas conforme a la cual (...) sean conceptuadas como denunciantes cualificadas".

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