La Policía detiene al delegado de una empresa de suministro de gas en Baleares por presunta estafa

Por operar sin tener en nómina a ningún instalador autorizado, identificarse éstos ante personas de avanzada edad como inspectores de la Dirección General de Industria e instalar detectores de humo ofertados como detectores de gas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al delegado de una empresa dedicada a la instalación e inspección del suministro de gas butano y propano como presunto autor de un delito de estafa, al operar sin tener en nómina a ningún instalador autorizado, identificarse éstos ante personas de avanzada edad como inspectores de la Dirección General de Industria e instalar detectores de humo ofertados como detectores de gas.

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, pese a que la mercantil, integrante de un entramado empresarial de ámbito nacional formado por otras ocho sociedades, poseía todos los permisos necesarios para desarrollar su actividad en las islas, estuvo operando durante varios meses sin tener en nómina a ningún instalador autorizado. Este extremo impidió que las instalaciones, reparaciones e inspecciones realizadas fueran inspeccionadas por personal cualificado, con el consiguiente peligro que ello supone, según ha señalado la Jefatura Superior en un comunicado.

El modus operandi llevado a cabo por todos los operarios pasaba por personarse en domicilios donde preferentemente residieran personas de avanzada edad, ante quienes inicialmente se identificaban como Inspectores de la Dirección General de Industria con la intención de vencer el recelo inicial mostrado por los clientes.

Posteriormente, según la Policía, coaccionaban a los mismos, insinuándoles que si no accedían a que les fuera realizada la inspección serían sancionados con multas de elevada cuantía para, finalmente, extender facturas por unos importes abusivos que en algunos casos superaban los trescientos euros o incluso más, tal y como se desprende de las denuncias que fueron remitidas al Grupo de Investigación Oeste y de los expedientes de arbitraje facilitados por la Dirección General de Consumo.

De acuerdo a las pesquisas, diversas víctimas de las islas se han visto afectadas ya que también se ha tenido conocimiento de que la empresa también estuvo operando en la ciudad de Ibiza.

Coacciones a las víctimas

Otra de las prácticas ilícitas llevadas a cabo por parte de la empresa consistía en instalar detectores de humo, extremo que llevaron a cabo hasta en trece domicilios. Unos dispositivos que realmente eran ofertados como detectores de gas, ya que según los operarios y la normativa vigente, su instalación sería obligatoria desde el día 1 de enero del presente año. Sin embargo, al ponerse en contacto los investigadores con responsables de la Dirección General constataron que este extremo "es del todo falso y que no existe legislación que contemple dicho extremo".          

Tras haber analizado las facturas intervenidas en el registro que se efectuó en la sede empresarial, se contactó con todas las personas afectadas y se les informó de que el dispositivo que ellos creían que detectaba las fugas de gas, en realidad se trataba de un detector fotoeléctrico de humo, cuyo coste en el mercado apenas supera los veinte euros y por el cual éstos habían pagado abonado algo más de cien euros.

De igual forma, el Grupo de Investigación perteneciente a la Comisaría del Distrito Centro de Palma detuvo el pasado 18 de febrero a un empleado de la misma empresa, como presunto autor de un delito de estafa denunciado por una mujer que manifestaba que éste y el delegado de la empresa se habían presentado en su casa sin solicitar ella sus servicios y que tras amenazarla con que si no les dejaba realizar la revisión la denunciarían con 1.600 euros en concepto de multa, realizaron unos trabajos por los que le cobraron en dos facturas la cantidad de 403 euros.

Entramado empresarial en toda España

La Policía destaca que todo el entramado empresarial formado por varias empresas, dedicadas todas ellas a la misma actividad, trabajan por toda España, abriendo y cerrando sedes continuamente, traspasando trabajadores de unas empresas a otras, despidiendo empleados de las empresas cuando los mismos son denunciados por estafas y contratándolos en otras posteriormente, constatándose por los numerosos antecedentes que por estafa tienen algunos de los operarios en toda la geografía española.

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