La Junta no responde

Hace tres años, el Gobierno andaluz se comprometió a impulsar la protección de los consumidores y aprobó un plan estratégico que este 2011 debería culminar con la firma de un gran pacto entre el presidente de la Junta de Andalucía y las asociaciones de consumidores similar al que se alcanzó en su día con las empresas de la economía social.

Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo y su Dirección General de Consumo se han revelado incapaces de aclarar qué objetivos de ese plan estratégico han desarrollado y el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ni siquiera se ha dignado a recibir a las asociaciones de consumidores pese a las sucesivas peticiones que vienen trasladándole para celebrar una reunión desde su toma de posesión, en abril de 2009.

En 2011, el Ejecutivo ha recortado en un 4,5% los presupuestos destinados a las políticas de protección de los consumidores. En tres años, la bajada ha sido de nada menos que el 17,4%, pasando de 16,72 millones de euros en 2008 a 13,82 en 2011, recortes que, unidos a la inacción del Gobierno en estos dos años, se traduce en una auténtica renuncia a tener en Andalucía políticas de protección de los consumidores serias, que nos permitan avanzar.

Cuando Griñán trasladó las competencias en materia de protección a los consumidores desde la Consejería de Gobernación a la de Salud, FACUA recibió la noticia con la preocupación de que el escaso protagonismo que en los últimos tiempos venían teniendo estas políticas se agravara y quedaran olvidadas.

El tiempo y la despreocupación por la protección de los consumidores mostrada por el presidente de la Junta y la consejera de Salud, María Jesús Montero, han dado lamentablemente la razón a estas sospechas.

Durante muchos años, Andalucía estuvo a la vanguardia de las políticas de protección de los consumidores en España. Políticas que se desarrollaron con un importante nivel de interlocución con las asociaciones de consumidores. Hoy son un barco a la deriva y sólo las organizaciones de consumidores estamos trabajando día a día, denunciando los abusos, movilizando a los consumidores, desarrollando con escasos y recortados medios actuaciones en defensa de los consumidores y demandando que no decaiga la acción del Gobierno, necesaria en actividades como la de control y supervisión del mercado, regulación, formación y educación, impulso del movimiento asociativo, apoyo a las entidades locales...

Consumo ni siquiera se molesta en responder a numerosas denuncias que FACUA le traslada, en muchos casos por fraudes masivos que sufren los consumidores.

La Dirección General de Consumo viene negándose a informar sobre las acciones que lleva a cabo tras estas denuncias.

Así, es en muchos casos una incógnita si Consumo actúa ante las irregularidades denunciadas, el contenido de sus resoluciones, si aplica o no sanciones a las empresas que incurren en abusos y fraudes contra los consumidores, su cuantía y si éstas son finalmente abonadas.

Facua denunció el año pasado la situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que requirió a la Dirección General de Consumo que argumentase sus motivos. En su respuesta, Consumo advirtió que "ni siquiera la denuncia vincula a la Administración a efectos de quedar obligada, a instancia de parte, a la incoación de expediente sancionador" y que de hacerlo, no tiene por qué considerar a la asociación de consumidores parte interesada en el procedimiento, aunque sea la propia denunciante.

Tras estudiar la cuestión, el Defensor ha pedido a Consumo que actúe con "transparencia" advirtiéndole que "no puede quedar a la mera voluntad de la Administración la realización u omisión a su arbitrio de las actuaciones tendentes a hacer cumplir la legalidad vigente, dejando impunes los hechos que la infrinjan, cuando alguien a quien la norma legitima para denunciar los mismos se haya preocupado en comunicarlos a quien debe sancionarlos, de resultar procedente".

Así, indica que "la competencia que ostenta la Administración lo es exclusivamente para incoar el procedimiento sancionador (...) sin que ello la legitime para decidir, arbitrariamente, ignorar el contenido de la denuncia y sustraerse a su obligación de reprimir las actuaciones infractoras".

Durante esta crisis económica, en la que los consumidores deberíamos contar con un mayor nivel de protección de los poderes públicos ante los fraudes de los que somos víctimas, el Gobierno nos abandona.

Los fraudes se repiten y agravan mientras el Gobierno no actúa como debería contra las empresas que los cometen. A los consumidores, a las víctimas de la crisis, los que estamos pagando sus consecuencias y sufriendo las medidas que se supone nos sacarán de ella, Consumo no nos responde.

Artículo publicado originalmente el 15 de marzo de 2011 en los diarios del Grupo Joly Diario de Almería, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, Europa Sur, Granada Hoy y Huelva Información.

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