Anunció que tendrían participación en el control y gestión de las agencias

El PSOE incumple sus compromisos y excluye a las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz

El Gobierno no les da participación en los órganos consultivos ni en los consejos de administración de las nuevas agencias públicas después de saltarse la ley obviando en casi todos los casos su preceptivo trámite de audiencia.

El PSOE incumple sus compromisos y excluye a las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz

FACUA Andalucía denuncia que el PSOE ha incumplido sus compromisos con las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz.

En contra de lo prometido por el Partido Socialista, la Junta de Andalucía ha decidido no darles participación en las nuevas agencias públicas, ni en sus órganos consultivos ni en sus consejos de administración.

Y ello después de saltarse la ley obviando en casi todos los casos el preceptivo trámite de audiencia del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores.

El Gobierno andaluz ni siquiera ha querido que las organizaciones de consumidores conocieran y dieran sus valoraciones a los decretos de aprobación de los estatutos de las nuevas agencias creadas en el marco de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.

Así, las distintas consejerías de la Junta no han permitido a estas organizaciones valorar los estatutos ni dado participación en los órganos de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. La única excepción es la de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, donde ya había representación de los consumidores antes de su reestructuración.

"Un planteamiento revolucionario en la Administración pública"

FACUA Andalucía considera lamentable el escaso valor de la palabra dada el pasado 27 de enero, cuando el PSOE de Andalucía anunció que las organizaciones de consumidores y vecinos participarían en el "control y gestión" de las agencias públicas.

Tras una reunión con dirigentes de estas organizaciones, el portavoz parlamentario socialista llegó a calificar su compromiso de "un planteamiento revolucionario en la Administración pública", asegurando su representación se haría efectiva a través de los órganos de cada agencia y su concreción estaría incluida en sus respectivos estatutos.

El PSOE incorporó incluso una enmienda a la exposición de motivos de la Ley planteando que "con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos a los ciudadanos" se garantizaría la "participación pública de organizaciones representativas de la ciudadanía para contar con las sugerencias y aportaciones sobre aquellos aspectos que estén relacionados con la prestación de los mismos".

Acudirá al Defensor del Pueblo

FACUA Andalucía acudirá en los próximos días al Defensor del Pueblo Andaluz, al que pedirá que emprenda actuaciones ante el incumplimiento de la Junta de su compromiso de dar participación a las asociaciones de consumidores en el control y gestión de las agencias públicas y su obligación de darles audiencia en la elaboración de sus estatutos.

Obligación establecida en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, y la propia Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su artículo 39.3, la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores establece que "el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía", integrado por las federaciones de consumidores, "será consultado preceptivamente en la tramitación de disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten directamente a los consumidores".

Asimismo, en su artículo 45.a, la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma establece que "cuando una disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, se le dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que la agrupe o la represente y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición".

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