Competencia abre un expediente a Correos por limitar el acceso de envíos de otros operadores

La CNC recomendó en marzo al Gobierno revisar periódicamente la condición de Correos como operador encargado de prestar el servicio postal universal.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a Correos por negar supuestamente el acceso a su red postal a las notificaciones administrativas depositadas por otros operadores privados.

El expediente tiene su origen en una denuncia realizada por la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) y es el segundo que el organismo que preside Luis Berenguer abre a la sociedad postal pública en los dos últimos meses.

A comienzos del pasado mes de marzo, la CNC inició un expediente por presuntamente fijar en determinados contratos con grandes clientes precios que, una vez aplicados los descuentos, no cubriesen los costes reales del servicio.

Además, a finales de marzo Competencia hizo público un informe sobre la nueva Ley Postal en el que recomendaba al Gobierno revisar periódicamente la condición de Correos como operador encargado de prestar el servicio postal universal.

Denuncia

Respecto al nuevo expediente, la CNC indicó en un comunicado que el mismo parte de la referida denuncia de la patronal Asempre ante la Comisión Nacional del Sector Postal que, aunque la archivó, también la trasladó a Competencia "por si de los hechos denunciados pudiera desprenderse la realización de actuaciones prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia".

Según este organismo, en el marco de la instrucción del expediente, su Dirección de Investigación ha tenido acceso a determinada información de la que puede deducirse "la existencia de indicios racionales de la comisión", por parte de Correos de una infracción de dicha ley e incluso del Tratado de Funcionamiento de la UE.

En un comunicado, la CNC recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, dado que ahora se abre un plazo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución.

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