La CNE reclama al Gobierno potestad para imponer multas

El organismo pide también un mayor grado de concreción de los mecanismos que se ponen a disposición de los usuarios.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) reclama al Gobierno que en la nueva formulación de la ley del sector eléctrico conceda potestad al organismo para imponer multas y aplique medidas en defensa del consumidor de luz.

En la reunión extraordinaria mantenida este viernes por el consejo, el regulador considera necesario añadir un apartado en la nueva ley que aluda a la "potestad de imponer multas coercitivas a los sujetos del sistema con el objeto de asegurar el cumplimiento de las instrucciones vinculantes que dicte" la CNE.

Además, considera que sus decisiones deben ser "determinantes" para el Ministerio de Industria en aspectos como la elaboración de disposiciones generales que afecten al mercado eléctrico, al proceso de planificación o a la elaboración de los proyectos de orden sobre determinación de tarifas, peajes y retribución de las actividades eléctricas.

Junto a esto, reclama que, a la hora de fijar los peajes de acceso de la luz, Industria parta de una metodología de cálculo de la propia CNE en la que al regulador se le permita realizar un análisis más amplio, no sólo limitado a los costes de transporte y distribución.

Derechos de los usuarios

En cuanto a las medidas de defensa del consumidor, el organismo presidido por María Teresa Costa pide un mayor grado de concreción de los mecanismos que se ponen a disposición de los usuarios para permitir una gestión "eficaz" de las reclamaciones y su resolución de forma extrajudicial.

Para garantizar una mayor transparencia, los comercializadores de electricidad, señala, deberán desglosar en sus facturas el importe del coste de la energía y de la comercialización, así como otros aspectos como la facturación de los pagos de capacidad, de los peajes de acceso a las redes, de los tributos que graven el consumo de electricidad y de los suplementos territoriales cuando correspondan.

También considera adecuada la introducción de una nueva obligación para los comercializadores de poner a disposición de los consumidores un servicio de atención telefónica y un número de teléfono gratuito para atender las solicitudes de información.

Separación jurídica

Por otro lado, la CNE responde a la posibilidad, incluida en el anteproyecto de la norma, de que se realice una separación jurídica entre las actividades de gestión y transporte de electricidad de Red Eléctrica de España (REE).

Este modelo de separación jurídica, señala, no está exigido por la directiva comunitaria, aunque tampoco es contrario a la misma. En todo caso, la CNE considera que "las mejoras esperadas con dicha separación" no son "claras ni son evidentes".

"Por ello, la CNE considera que cualquier modificación que se pretendan introducir en el funcionamiento de REE, debe ser considerada en un debate específico y a través de una norma singular", añade.

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