FACUA intervendrá ante el posible fraude continuado en el recibo de las eléctricas de decenas de miles de millones

La Federación estudia presentar una demanda contra el ministerio de Industria y Energía y las compañías eléctricas españolas.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) intervendrá ante el cobro ilegal de varios miles de millones de pesetas anuales en la factura de la luz de las eléctricas españolas, un fraude que puede venirse produciendo desde mediados de los años ochenta. Las suministradoras cobran, con el beneplácito del Gobierno, más del doble del máximo establecido en el Real Decreto 1.725/84, que regula las condiciones generales de contratación, por el concepto de alquiler del contador.

FACUA presentará en los próximos días una denuncia administrativa por este fraude ante la Comisión Nacional de la Energía y el ministerio de Industria y Energía, y dará conocimiento de las irregularidades a la dirección general de Industria de la Junta de Andalucía. Asimismo, el Gabinete Jurídico de la Federación está estudiando presentar una demanda ante los tribunales contra el ministerio de Energía y las compañías eléctricas.

El Real Decreto 1.725/84 de 18 de julio, del ministerio de Industria y Energía, establece en la Condición 16 de su Anexo II, referente a las instalaciones de contadores, que "el tipo de alquiler aplicable por las empresas suministradoras de energía eléctrica no será superior al 1’25 por 100 mensual del precio medio del aparato". "Para estos aparatos", continúa, "el Ministerio de Industria y Energía fijará las cantidades concretas máximas que se puedan aplicar por su alquiler, en base al mismo 1’25 por 100 mensual del precio medio del mercado del aparato".

Sin embargo, el ministerio de Industria y Energía ha autorizado que las eléctricas cobren por su alquiler una cantidad muy superior a la legalmente establecida por el citado Real Decreto. Así, en las tarifas aprobadas para 1999 (RD 2821/98 de 26 de diciembre), el ministerio autorizaba un alquiler de 103 pesetas (hablamos siempre de cantidades sin IVA) en los contadores que utilizan los usuarios domésticos, cuando en realidad esta tarifa no podría superar las 50 pesetas aproximadamente, ya que el precio que las eléctricas pagan a los fabricantes por los contadores destinados al uso doméstico es de una media de 4.000 pesetas, según los datos manejados por FACUA.

Si multiplicamos las aproximadamente 53 pesetas de más que por este concepto cobran mensualmente en cada recibo las eléctricas por los 18 millones de usuarios domésticos, obtenemos un resultado de 954 millones. Así, sólo en 1999 el fraude a los usuarios ascendería 11.448 millones de pesetas más 1.831 millones de IVA. A ello habría que sumar las cantidades defraudadas a las empresas, que utilizan contadores cuyo alquiler es mucho más caro.

Las irregularidades se podrían venir produciendo desde 1985, fecha en la que el Ministerio de Industria y Energía fijó en 77 pesetas la tarifa por el alquiler de los contadores, incumpliendo su propio Real Decreto sobre la póliza de abono, en el que establecía como límite para este concepto el 1’25% del precio del contador.

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