El Supremo de EEUU sentencia que la descarga de música no es delito

El máximo órgano judicial estadounidense rechaza admitir a trámite un recurso de la sociedad de autores Ascap que reclamaba a los grandes portales de Internet un pago extra por la descarga de canciones.

La Sociedad de Compositores, Autores y Editores Ascap, que representa al 45% de los compositores de Estados Unidos, no ha logrado alcanzar su propósito de obtener una compensación extra del 2,5% por cada canción descargada de portales como Yahoo o RealNetworks, según publica 20 Minutos.

Esta medida se ha visto frustrada ahora que el Tribunal Supremo estadounidense ha rechazado admitir a trámite el recurso de la Ascap a un fallo de la corte de apelaciones de Nueva York que ya señalaba que la descarga de música no entra en la definición de reproducción pública.

En esta sentencia, la corte neoyorquina explicaba que "sólo existe violación de los derechos de copyright cuando la música se interpreta o se emite públicamente, no cuando de manera digital –o por cualquier otro medio– se transmite a un potencial oyente".

Los magistrados consideran que la exigencia de una compensación extra sólo tendría sentido en caso de que las canciones "se emitieran, bailaran o interpretasen públicamente" y, sin embargo, las descargas no suponen ninguna de estas tres cosas.

El fiscal general de EEUU, Donald Verrilli, dijo que el fallo del tribunal de apelaciones era correcto y que cumplía con la opinión general y la política de propiedad intelectual de sonidos.

Por su parte, Ascap asegura que los más de 390.000 compositores, autores y editores en Estados Unidos autorizan exclusivamente el uso de sus creaciones a través de la organización, que se ocupa de recaudar el canon de casi el 50% de toda la música que se reproduce por Internet. La asociación explica que esta decisión supondrá para todos esos profesionales la pérdida de "decenas de millones de dólares en royalties cada año".

El abogado que representa al citado organismo argumentó que el fallo del tribunal de apelaciones reducía de forma inapropiada el derecho de interpretar en público obras musicales protegidas por derechos de autor, lo que situaba a EE UU en una situación de violación de tratados de propiedad intelectual y otros acuerdos internacionales. El Supremo rechazó la apelación sin realizar comentarios adicionales.

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