Entre ellas, filiales de OHL y ACS

Multado con 47 millones un cártel de empresas de mantenimiento de carreteras por pactar precio

La investigación de Competencia ha acreditado los acuerdos alcanzados para modificar ofertas públicas en catorce licitaciones durante los años 2008 y 2009.

La Comisión Nacional de Competencia ha impuesto una multa de 47,1 millones de euros a un grupo de cuarenta y siete empresas del sector de rehabilitación y mantenimiento de carreteras por pactar el reparto de este mercado y fijar precios.

El organismo calcula que el erario público han perdido 14 millones de euros por el perjuicio de estos acuerdos. "El mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes", ha advertido la comisión dependiente del ministerio de Economía.

La Comisión, tras recibir una denuncia, abrió la investigación sobre cincuenta y tres empresas del ramo en febrero de 2010 por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Fruto de sus pesquisas ha acreditado acuerdos en catorce licitaciones públicas de obras de mejora de renovación de carreteras durante los años 2008 y 2009. Trece de ellas fueron promovidas por el Ministerio de Fomento y la restante por la Junta de Castilla y León.

Esta práctica supone además una "distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de este tipo de obras de rehabilitación de carreteras", según subraya Competencia.

De la multa total, tres empresas son sancionadas con importes superiores a los cinco millones de euros (Hormigones Martínez, Gevora Construcciones y Obras, Caminos y Asfaltos), mientras que otras dos son multadas con más de 2 millones (Elsan y Pas Infraestructuras y Servicios). Entre los sancionados figuran también Effage Infraestructuras, Copisa, OHL y Vías y Construcciones (filial del grupo ACS).

Concursos restringidos

El pacto afectaba fundamentalmente a licitaciones de obra realizadas por el procedimiento restringido, por el que sólo pueden presentar ofertas a la Administración las empresas que habiéndolo solicitado, y en atención a su solvencia, según unos criterios objetivos y justificados, sean seleccionados por la propia Administración.

En estas licitaciones se marca un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas deben presentar sus ofertas, indicando el presupuesto a la baja que están dispuestos a realizar.

Competencia indica que de los hechos acreditados resulta que las empresas seleccionadas en estos procedimientos "mantenían contactos y se reunían para intercambiarse información sobre las bajas que tenían previstas". "A partir de ello acordaban cuál sería el importe de la baja ganadora, así como el de del resto de ofertas, que se situaban entre el 1% y el 6%, mucho menores que las que se registran en condiciones competitivas (entre el 15% y el 30%)".

De esta forma, la empresa adjudicataria obtenía un mayor presupuesto para la obra "a costa de que la Administración pague un mayor precio", y compensaba económicamente al resto de competidores en la licitación. Competencia asegura haber detectado estos pagos en las contabilidades de dos de las empresas involucradas, e incluso evidencias de los pagarés emitidos entre empresas.

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