FACUA pide a Mato medidas para frenar el cobro de un euro por receta a los usuarios en Cataluña

La medida supondría una ruptura de la cohesión del Sistema Sanitario en España y la asunción de competencias que no le corresponden al Gobierno catalán, al gravar directamente el precio de los medicamentos y al establecer barreras de acceso a la prestación farmacéutica en perjuicio de los usuarios.

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que analice si la Generalitat de Cataluña tiene potestad para aplicar el cobro de un euro por receta médica expedida a todos los ciudadanos. Asimismo le solicita que adopte las disposiciones oportunas y se interpongan los recursos que fueran necesarios para que  la medida, en cuestión, se paralice y no se lleve a cabo.

En una carta remitida por el presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, a la ministra del ramo, recuerda  que la regulación de la prestación farmacéutica, así como la participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico, es legislación básica del Estado.

En este sentido, tanto la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios como la propia Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recogen que la competencia para establecer el precio y la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios es del Gobierno.

Asimismo esta última ley refleja que la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud debe llevarse a cabo en condiciones de igualdad efectiva y calidad en todo el territorio nacional.

La Asociación cree que esta medida que obliga a los usuarios a pagar un euro por medicamento prescrito mediante receta, supone una quiebra del principio de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Además FACUA la considera injusta e insolidaria porque supone barreras de acceso a las prestaciones sanitarias a aquellas personas con más problemas de salud y a colectivos específicos que precisan de una atención más continuada. Finalmente cree que implica un auténtico gravamen sobre la enfermedad.

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