Evitan precios más bajos de los operadores virtuales

Ante el expediente sancionador de Competencia al oligopolio móvil, FACUA pide una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades

Si impiden a los operadores virtuales dar precios más bajos, el Gobierno debe fijar una tarifa regulada como ha hecho Bruselas con las de 'roaming'.

Ante el nuevo expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Movistar, Vodafone y Orange, FACUA-Consumidores en Acción reclama una respuesta a la altura de la gravedad de las irregularidades.

El oligopolio móvil ha sido expedientado al hallarse "indicios racionales" de un posible abuso de su "posición de dominio" al fijar los precios que cobran por el alquiler de sus redes a los operadores móviles virtuales (OMV).

FACUA advierte que si las grandes compañías impiden a los operadores virtuales dar precios más bajos, el Gobierno debe fijar una tarifa regulada razonable a la que pueda acogerse cualquier usuario como ha hecho Bruselas con las de roaming. Máxime teniendo en cuenta que las tarifas Movistar, Vodafone y Orange se resisten competir realmente en tarifas y éstas están entre las más caras de la Unión Europea.

Y es que según el expediente de Competencia las grandes compañías estarían estableciendo precios que perjudican a los OMV en sus servicios mayoristas de originación y terminación de llamadas de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil, así como en los precios de los servicios minoristas de llamadas móviles, especialmente en el segmento empresarial.

Al aumentar el coste por usar sus servicios de interconexión, gracias a los cuales las llamadas realizadas desde operadores virtuales viajan por las redes de las grandes a los clientes de estas últimas y viceversa, Movistar, Vodafone y Orante presuntamente limitan la capacidad de las OMV de ofrecer tarifas más baratas.

FACUA reclama al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que asuman las graves irregularidades que se producen en el sector de las telecomunicaciones y las elevadas tarifas que existen en el mismo y ponga en marcha un nuevo marco regulatorio que proteja realmente los intereses de los usuarios, junto a medidas de control y sanción sobre las vulneraciones masivas de la legislación vigente.

El expediente, que tiene su origen en una denuncia de British Telecommunications, concluirá en el plazo máximo de dieciocho meses.

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