Nuevo fraude eléctrico

Las eléctricas aplican penalizaciones ilegales tras sustituir los contadores a usuarios que no tenían limitadores de potencia

Siguen 'multando' con hasta 31 euros mensuales argumentando que la ley las obliga pese a que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporados los ICP.

FACUA-Consumidores en Acción alerta que las eléctricas están aplicando ilegalmente multas de hasta 31 euros mensuales a usuarios que no han instalado limitadores de potencia tras sustituirles los contadores.

Las compañías cobran las penalizaciones con el argumento de que una Orden de 2008 del Ministerio de Industria las obliga a hacerlo, obviando que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporado el interruptor de control de potencia (ICP).

Tras denunciar estas prácticas ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el organismo regulador ha emitido un informe en el que advierte que "en el caso de suministros sin ICP a los que se les esté cobrando una penalización por ausencia del mismo, según lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden ITC/1857/2008, dicha penalización debería dejar de aplicarse en el momento en que se instale el nuevo equipo de medida, independientemente de cuando se active la función de control de potencia". Y es que las compañías no han accionado el limitador que incorporan los nuevos contadores.

Dureza contra el usuario y no contra las compañías

FACUA llama a los usuarios afectados a que reclamen a las eléctricas la devolución de las penalizaciones que hayan seguido facturándoles desde el momento en que les instalaron los nuevos contadores.

En el informe emitido a instancia de FACUA, la CNE indica que las eléctricas "deberían proceder a reembolsar al cliente la cantidad correspondiente a dicho recargo, desde la fecha de instalación del nuevo equipo de medida".

La dureza con la que el Gobierno anterior facultó a las eléctricas para que actuasen contra los usuarios que no instalen los ICP (multas mensuales si tras dos avisos no lo hacen) no existió ante el incumplimiento de las compañías del plan de sustitución de contadores.

FACUA denunció a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico (HC) y E.On en enero de 2011 por no haber sustituido el 30% del parque de contadores (unos seis millones), una obligación impuesta en la primera fase del plan de sustitución, que finalizó en diciembre del año anterior.

Hasta la fecha, la asociación no ha recibido respuesta de Industria por su denuncia ni ha trascendido ninguna multa a las eléctricas.

También cobran dos veces por el ICP

Junto al cobro ilegal de las penalizaciones a los usuarios que ya cuentan con los ICP incorporados en los nuevos contadores, las eléctricas también están facturando dos veces por el limitador de potencia a quienes sí lo tenían y ahora cuentan con los equipos de medida digitales.

Y es que les aplican la tarifa por el alquiler de los nuevos contadores, un 50% más cara que la de los antiguos, y siguen cobrándoles la del alquiler del ICP antiguo.

Una práctica sobre la que la CNE también ha determinado su ilegalidad y ha planteado que "debería reintegrarse (...) las cantidades correspondientes al alquiler del ICP" cobradas desde la instalación del nuevo equipo de medida.

La CNE recuerda que ya señaló en un informe de 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control de potencia demandada mediante un elemento de corte".

La tarifa por el alquiler de los contadores digitales, 81 céntimos mensuales antes de impuestos, es un 50% más elevada que los 54 céntimos de los antiguos. Y ello pese a que con los nuevos equipos las eléctricas no necesitan enviar a sus operarios a los domicilios de los clientes para realizar las lecturas.

FACUA ha instado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On a que devuelvan las cantidades facturadas irregularmente a sus clientes. De no hacerlo, la asociación presentará las pertinentes denuncias contra el sector ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

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