El CCUA pide el cumplimiento del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios

Las partes se comprometían a trabajar conjuntamente para lograr nuevos modelos de consumo y de desarrollo económico.

El pasado 30 de enero de 2012 el Gobierno de la Junta de Andalucía y las tres organizaciones de consumidores andaluzas más representativas (AL­-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE) suscribieron el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

En virtud de dicho acuerdo las partes se comprometían a trabajar conjuntamente para lograr nuevos modelos de consumo y de desarrollo económico que se sustenten en mercados que funcionen con valores de racionalidad, sostenibilidad y respeto de los derechos y garantías de la ciudadanía y también a impulsar la corresponsabilidad de todos los actores que intervienen en el sistema de consumo, desde un enfoque estratégico que abarque el conjunto de la actividad económica.

Previamente el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía ya había mostrado mediante Resolución su firme apoyo a la articulación del documento de referencia, entendiéndolo como instrumento necesario para el avance y la búsqueda de un mayor equilibrio del mercado y el fomento de un consumo racional y sostenible, objetivos que debían basarse fundamentalmente en el impulso del movimiento de consumidores andaluz, el apoyo a sus organizaciones representativas y la promoción de la participación social y de los consumidores en la definición, ejecución y desarrollo de las políticas públicas que les afecten.

Por todo ello, el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en su último Pleno, celebrado el pasado 10 de abril, aprobaba una resolución recordando su confianza en que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que finalmente se configure, adopte con prontitud las medidas necesarias para el efectivo desarrollo del Pacto, objetivo para el que estima imprescindible la constitución inmediata de los grupos de trabajo que se contemplan en el mismo y que son necesarios para la ejecución de las distintas líneas de actuación y el cumplimiento de los fines previstos.

Y es que una parte muy sustancial de los contenidos del citado Pacto se vieron reflejados en los programas electorales de los partidos que tendrán representación en el Parlamento de Andalucía  tras  las elecciones autonómicas del 25 de marzo de 2012 (PSOE de Andalucía, PP de Andalucía e IU-LV-CA), a los que las organizaciones de consumidores, en su condición de agentes sociales de relevancia constitucional y estatutaria, hicieron llegar sus inquietudes y reivindicaciones.

Así, en los diferentes documentos programáticos de los partidos políticos citados se podían encontrar propuestas de calado como: fomentar e impulsar el desarrollo del Pacto Andaluz por el Consumo, para que la administración juegue un papel de catalizador positivo en la relación entre empresas y consumidores, desde la perspectiva de la responsabilidad recíproca; desarrollar el catálogo de derechos del consumidor contemplado en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía; fomentar la formación y educación ciudadana en consumo responsable y crítico, promocionando valores asociados al respeto al entorno, al medio ambiente y el comercio justo; definir y planificar estrategias de protección de los consumidores desde una óptica transversal, impulsando la colaboración y cooperación en materia de consumo entre administraciones para favorecer una mejor defensa de los derechos de las personas consumidoras; establecer sistemas de participación activa de la ciudadanía para el diseño, ejecución y evaluación de políticas de consumo, especialmente en aquellas decisiones con alto impacto social; o apoyar e impulsar el asociacionismo de los consumidores y a las organizaciones de consumidores y usuarios andaluzas más representativas.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía estima además que la protección de los consumidores y usuarios debe ser prioritaria y ha de afectar al global de las políticas que se han de acometer a lo largo de esta nueva legislatura, por tanto su planificación y ejecución debe realizarse desde una Consejería con capacidad suficiente para coordinar e interactuar entre los distintos ámbitos competenciales (salud, medio ambiente, vivienda, transportes, comercio, turismo, etc.).

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