La Junta recoge la reivindicación de FACUA Andalucía y crea una Secretaría General de Consumo

La Federación traslada al vicepresidente Valderas las que considera que deberían ser las prioridades en la protección de los consumidores durante los primeros meses del nuevo Gobierno.

El Gobierno andaluz ha recogido la reivindicación de FACUA Andalucía creando una Secretaría General de Consumo. Con ella se eleva en el organigrama de la Junta el rango de las políticas de protección al consumidor, anteriormente dependientes de una Dirección General.

FACUA Andalucía valora positivamente la respuesta que ha dado a su petición el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de cuya Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales dependen las políticas de Consumo.

Valderas ha cumplido así el compromiso de "elevar el rango de las políticas de protección a los consumidores" que asumió en su discurso durante la inauguración del 7º Congreso de FACUA Andalucía el pasado 18 de mayo y reiteró diez días después en la primera reunión institucional que mantuvo con la presidenta y el secretario general de la Federación, Olga Ruiz y Rubén Sánchez.

FACUA Andalucía ha trasladado al vicepresidente de la Junta de Andalucía las que considera que deberían ser las prioridades en la protección de los consumidores durante los primeros meses del nuevo Gobierno.

Entre ellas, el incremento del control del mercado y la aplicación de sanciones proporcionales a las dimensiones de los fraudes que sean detectados. En relación a las multas por abusos y fraudes masivos, FACUA Andalucía demanda transparencia, ya que los consumidores tienen derecho a conocer qué empresas vulneran sus derechos y cómo son sancionadas.

Otra de las cuestiones prioritarias para FACUA Andalucía es que aumente la participación de los representantes de los consumidores en el desarrollo de las políticas de Consumo y en la elaboración de normas que afecten a sus derechos desde el inicio de su gestación.

La Federación ha demandado a Valderas que garantice que la protección de los consumidores se convierta en una política social prioritaria y las dote de transversalidad para que sean asumidas en el conjunto de consejerías del Gobierno andaluz.

Asimismo, espera que el Gobierno comience a impulsar con la mayor inmediatez el desarrollo del I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que el anterior Gobierno firmó el 30 de enero con el movimiento de consumidores.

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