Subidas en notarios y registradores

El Gobierno encarece las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas

En lugar de favorecer la renegociación, aplazamiento o cancelación a los usuarios asfixiados por las deudas, aumenta los costes notariales y registrales para su tramitación.

El Gobierno encarece las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la subida de los trámites necesarios para mejorar las condiciones de las hipotecas que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para registradores y notarios.

A través de una disposición adicional escondida en un real decreto ley, desde el pasado 12 de mayo el Gobierno ha aumentado casi el triple los aranceles para la novación (mejora del tipo de interés o plazo de amortización), subrogación a otra entidad o la cancelación de los créditos hipotecarios.

FACUA recuerda que hasta ahora se bonificaba con reducciones el coste de los aranceles precisamente para facilitar que los ciudadanos pudieran llevarse su hipoteca a otra entidad o mejorar el tipo de interés y el plazo sin cambiar de banco.

Ahora, además de modificar estas reducciones, el Gobierno ha establecido unas tarifas mínimas de 24 euros para los registradores y 90 euros para notaría que penaliza a aquellos cálculos que pudieran dar un resultado inferior tras la bonificación, que en líneas generales también se reduce.

Todo el crédito en lugar del capital pendiente

Además, FACUA denuncia que algunos de estos aranceles pasan a tomar como base el total del crédito concedido en lugar de usar la cantidad pendiente de amortizar, como recogía la anterior normativa.

Para la asociación, resulta escandaloso que sea precisamente ahora, cuando más familias se ven abocadas al desahucio por no poder afrontar el pago de las hipotecas, cuando el Gobierno ha decidido entorpecer unas fórmulas que permitían flexibilizar estas situaciones.

Por ello, FACUA exige la retirada de esta disposición adicional y reivindica la ejecución de otras medidas como la regulación del sobreendeudamiento familiar o una dación en pago real, en lugar de la propuesta por el Gobierno, tan sólo aplicable a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

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