Pidió a Ana Mato que la paralizara

FACUA advierte que la tasa a la enfermedad de la Generalitat discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles

Los usuarios pagarán en Cataluña un euro por cada receta médica, concepto que podrá suponerles hasta 61 euros al año.

FACUA advierte que la tasa a la enfermedad de la Generalitat discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la tasa por receta médica impuesta por la Generalitat, ya que implica un auténtico gravamen sobre la enfermedad. La asociación considera que esta medida discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles.

Cada catalán pagará a partir de este sábado un euro por receta médica, con un máximo de 61 euros al año.

FACUA advierte que esta tasa a la enfermedad supone una ruptura de la cohesión del Sistema Sanitario en España y la asunción de unas competencias que no le corresponden al Gobierno catalán, al gravar directamente el precio de los medicamentos a través de la receta y establecer barreras de acceso a la prestación farmacéutica en perjuicio de los usuarios.

La asociación considera que cobrar por receta es injusto e insolidario porque supone barreras de acceso a las prestaciones sanitarias a aquellas personas con más problemas de salud y a colectivos específicos que precisan de una atención más continuada. Supone un auténtico impuesto o gravamen a la enfermedad.

Además, FACUA cree que obligar a los usuarios a pagar un euro por medicamento prescrito mediante receta en Cataluña, supone una quiebra del principio de cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Petición a Ana Mato

El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, solicitó en el mes de diciembre a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que adoptara las disposiciones oportunas y se interpusieran los recursos necesarios para que  paralizara esta medida y no se llevara a cabo.

En este sentido, tanto la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios como la propia Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recogen que la competencia para establecer el precio y la participación en el pago a satisfacer por los enfermos por los medicamentos y productos sanitarios es del Gobierno.

Asimismo esta última ley refleja que la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud debe llevarse a cabo en condiciones de igualdad efectiva y calidad en todo el territorio nacional.

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