Aerolíneas

El Defensor del Pueblo abre una investigación por la denuncia de FACUA contra las compañías aéreas

El Defensor advierte que con los recargos por emisión de billetes y combustible puede considerarse que se incumple la Ley que regula las Condiciones Generales para la Contratación.

A raíz de la denuncia presentada el pasado enero por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), el Defensor del Pueblo ha abierto "una investigación de carácter general ante el Instituto Nacional del Consumo [del Ministerio de Sanidad y Consumo] y la Dirección General de Aviación Civil [del Ministerio de Fomento] por el cobro a los viajeros del denominado canon por la gestión de emisión de billetes y por los recargos en el incremento del precio de combustible que se están repercutiendo en las tarifas aéreas".

FACUA presentó el pasado mayo una demanda judicial contra Iberia, Spanair y Air Europa por incrementar los precios de sus billetes con cargos adicionales por su emisión contrarios a la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y navegación aérea. La queja previa ante el Defensor del Pueblo fue motivada por la pasividad del Instituto Nacional del Consumo, que todavía no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias presentadas por FACUA desde mayo de 2004.

El Defensor del Pueblo advierte que con estas prácticas "puede considerarse que se incumplen las cláusulas 22 y 24 de la Ley que regula las Condiciones Generales para la Contratación, en relación con el Convenio de Varsovia de 1929". Según informa en el número de mayo de su revista mensual, el Defensor "investiga acerca de la naturaleza de dichos recargos y sobre las posibilidades de vigilancia o supervisión que puede ejercer la Administración en aras de garantizar los derechos de los consumidores".

FACUA ya había denunciado a Iberia, Spanair y Air Europa en mayo de 2004 ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), al detectar que estos recargos, además de ser ilegales, eran idénticos, de lo que se deducía la existencia de un pacto contrario a la legislación en materia de competencia. En julio de 2005, el SDC elevó el caso al Tribunal de Defensa de la Competencia tras considerar probada la existencia del pacto.

Las compañías denunciadas por FACUA, las tres principales del sector, ingresan cientos de millones de euros cada año con estos cargos por la emisión de los billetes que oscilan entre 12 y 96 euros, según el destino del vuelo, la clase elegida, el tipo de billete (papel o electrónico) y la forma de compra (telefónica, en oficinas o por Internet). Iberia e Spanair llegan a aplicar un segundo recargo, de 15 euros, si el usuario solicita un billete en papel en lugar de su versión electrónica. Hay casos en los que el recargo por emisión llega a superar el precio del billete ofertado en publicidad.

FACUA argumenta en su demanda que la introducción, además del precio por el vuelo, de estos cargos adicionales en las condiciones generales de la contratación de las compañías, suponen una cláusula nula, ya que va contra la ley.

El recargo por emisión es un elemento accesorio de la tarifa aérea, sometido a la legislación en materia de protección de los consumidores. En este sentido, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu), establece en su disposición adicional primera que es una cláusula abusiva "la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por Ley imperativa correspondan al profesional" (apartado V, cláusula 22). En este sentido, tres normativas establecen que la emisión del billete es una obligación inexcusable del transportista: el artículo 92 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea, el artículo 3 del Convenio de Varsovia, de 12 de octubre de 1929, y el artículo 3 del Convenio de Montreal, de 28 de mayo de 1999. Normas a cuyo sometimiento aluden las propias compañías en sus condiciones generales de contratación.

La Lgdcu define como cláusula abusiva "los incrementos de precios por servicios accesorios [...] que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación" (disposición adicional primera, apartado V, cláusula 24).

Pasividad del Gobierno

En mayo de 2004, FACUA denunció ante el INC a Iberia, Spanair y Air Europa por la aplicación de estos recargos. El organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo se limitó a trasladar la denuncia a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, un organismo que carece de competencias en materia de protección de los consumidores. De hecho, en su respuesta indicó que, tras consultar a la Comisión Europea sobre la aplicación de estos recargos, ésta confirmó que "se considera un concepto integrado en el término de tarifa aérea y, como consecuencia, está totalmente liberalizado".

En mayo de 2005, FACUA volvió a dirigirse al INC para reiterarle sus argumentos jurídicos y discernir de la resolución de la Dirección General de Aviación Civil, ya que la existencia de un marco de tarifas liberalizadas no exime a las empresas de respetar la normativa de protección al consumidor.

De hecho, en respuesta a una consulta del grupo parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el Gobierno indicó en febrero de 2006 que la práctica denunciada por FACUA "tiene incidencia en materia de defensa de la competencia y en materia de defensa de los consumidores y usuarios", aunque "actualmente no se dispone de un criterio consensuado de las autoridades competentes en materia de consumo sobre el carácter abusivo de estas prácticas".

El INC contestó en diciembre de 2005 indicando simplemente que "las actuaciones que ha iniciado al respecto este Instituto no se hallan finalizadas".

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