El CCUA reprueba que salud no de participación a los ciudadanos en las políticas sanitarias

La escasez o inexistencia de convocatorias a los órganos de participación reglados impide la implicación de los consumidores en las políticas sanitarias, vulnerando un derecho reconocido en la Constitución y en la legislación andaluza.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA) exige que la Administración haga efectiva y real la participación en salud, ya no sólo en los órganos existentes, sino también potenciando la creación de escenarios participativos más cercanos al ciudadano y a sus organizaciones representativas, tanto a nivel provincial y comarcal como hospitalario, donde es muy escasa.

El CCUA, máximo órgano de participación y consulta de los consumidores en el que se encuentran representadas las federaciones de consumidores Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE, ha elaborado un informe en el que se pone de manifiesto que “con la situación actual no se da cabida a una participación efectiva de los ciudadanos en la configuración de las políticas sanitarias, a través de las organizaciones sociales, tal y como se ha venido recogiendo en los Planes de Salud de Andalucía, y no se da cumplimiento al mandato constitucional, ni al Estatuto de Autonomía para Andalucía, ni por supuesto a lo recogido en la normativa autonómica”.

Del análisis realizado por este Consejo sobre los órganos de participación reglados, se extrae que sus convocatorias son escasas, cuando no inexistentes, por lo que esta “participación” dista mucho de lo que  realmente debe entenderse por participación social; no potenciando ni favoreciendo una verdadera implicación de los consumidores en las políticas sanitarias. En este sentido, destaca que el único órgano de representación analizado en dicho informe que sí se reúne con la periodicidad ordinaria legalmente establecida es la Comisión Consultiva de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Un claro ejemplo de la falta de diligencia en materia de participación en el ámbito sanitario es la situación del Consejo Andaluz de Salud, cuyo decreto regulador se derogó en 2009 por Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía de 10 de diciembre de 2007, que declara la nulidad del texto, y ratificada por la sala tercera Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de sentencia de 7 de diciembre de 2009, sin que hasta la fecha se haya aprobado uno nuevo, lo que supone que no existe actualmente un desarrollo normativo al respecto, quedando el órgano en la más absoluta inactividad.

Asimismo, los Consejos de Salud de Área, de los que existe uno en cada provincia, en la actualidad ni se convocan ni se reúnen, algo que venimos reclamando desde 2009.

Especialmente llamativa resulta, también, la ausencia de convocatorias del  Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Salud; no habiéndose convocado a la representación de las organizaciones de consumidores desde que se estableciera su composición mediante el Decreto 128/2003. Una de las importantes funciones atribuidas a este órgano, es la de elaborar la propuesta de anteproyecto de los gastos e ingresos anual del organismo autónomo. El CCUA llama la atención sobre “la trascendencia e importancia de las funciones adjudicadas a este órgano de participación de las que se ven privadas las organizaciones legitimadas para actuar en el mismo”.

Respecto de las “iniciativas para el fomento de la participación social en materia de salud”, el Consejo manifiesta “que si bien existe un proyecto bien establecido para Andalucía, la realidad nos muestra que hasta la fecha apenas se ha llegado a plasmar en la práctica de acciones para su implantación, y en particular, en el ámbito de la participación reglada”. También menciona el escaso o nulo abordaje de actuaciones para el desarrollo de las estrategias establecidas al respecto en el III Plan Andaluz de Salud 2003-2008, así como de las líneas de acción del Plan de Calidad del SSPA 2010-2014, insuficientes o en el IV Plan andaluz de Salud, pendiente de aprobación.

El CCUA considera que ignorar de forma sistemática las convocatorias reglamentariamente establecidas de los órganos de participación supone, además de una clara vulneración de las respectivas normas, una verdadera limitación de las posibilidades reales de participación, dejando en meras enunciaciones teóricas la promoción de la participación ciudadana en la ámbito de la salud, lo que evidentemente resulta del todo reprobable, debiendo dotar de contenido real los medios participativos que ofrece la legislación vigente.

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