Tiempo compartido

FACUA aplaude la actuación policial por la presunta estafa masiva de empresas dedicadas a la reventa de multipropiedad

La Policía ha detenido en Málaga a ocho responsables de un grupo organizado al que se acusa de presuntos fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad con el que supuestamente obtuvieron beneficios de unos 18 millones de euros.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) aplaude la actuación policial desarrollada en la Costa del Sol por una presunta estafa masiva a través de empresas dedicadas al negocio de la reventa de multipropiedad.

La Policía ha detenido en Málaga a ocho responsables de un grupo organizado al que se acusa de presuntos fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad con el que supuestamente obtuvieron beneficios de unos 18 millones de euros.

La red se dirigía especialmente al mercado anglosajón y centroeuropeo utilizando diversas modalidades de presuntas estafas. Más de 15.000 personas podrían haberse visto afectadas.

Según informó la Dirección General de la Policía, en esta operación denominada Trafalgar ha quedado desmantelada la cúpula de esta red, que operaba desde la Costa del Sol y que utilizó a 300 empresas cuyos nombres aún no han trascendido y a más de 1.000 personas para cometer sus presuntos fraudes.

Los arrestados son originarios del Reino Unido, Sudáfrica, Bélgica y Noruega y sus detenciones se han producido en las localidades malagueñas de Fuengirola, Mijas y Coín.

En 2000, el grupo se trasladó desde las Islas Canarias a la Costa del Sol, según ha informado la Policía en un comunicado. La trama consistía en empresas legales registradas en España que, utilizando teleoperadoras, ofrecían a los propietarios de tiempo compartido la posibilidad de vender su semana contactando a su vez con posibles compradores.

Estas cifras podrían representar, según la Policía, más del 90% de la estafa en la reventa de multipropiedad anglosajona establecida en la Costa del Sol en los últimos años.

Los detenidos son Willem Marthinus P., sudafricano de 58 años, artífice fundamental del fraude; Malcom David K., británico de 32, encargado de confeccionar la documentación y de conseguir las listas de los miles de propietarios de tiempo compartido; Johannes V., belga de 51, actual encargado de la distribución de la documentación necesaria para articular este fraude; Gunn Iren K., noruega de 48, esposa de Willenm; Willy S., británico de 44; Steven Stewart R., británico de 53; Leon O., sudafricano de 49; y Rupert Quentin M., británico de 37 años.

En una de las variantes, engañaban a los propietarios para que realizaran transferencias de dinero a España en concepto de gastos notariales, de gestión o por impuestos, dejando pasar mucho tiempo hasta que los estafados advertían el fraude.

Según el comunicado policial, los detenidos también vendían el mismo producto vacacional a diferentes personas, consiguiendo un beneficio multiplicado.

La presunta estafa llegaba a tal extremo que la banda había constituido una sociedad de abogados que se dedicaba a asesorar a las víctimas una vez que se daban cuenta del engaño. El gabinete emprendía falsas acciones legales contra las empresas timadoras y, así, los clientes eran engañados otra vez.

A consecuencia de la persecución policial de sus actividades, el grupo inició en 2001 un cambio en su cúpula directiva, utilizando a terceras personas para ocultar a los cerebros de la banda. Así, crearon multitud de empresas ficticias, otras reales o que se hacían pasar por legales de reconocido prestigio en el ámbito del tiempo compartido.

En locales alquilados, cometían la presunta estafa durante pocos meses para después desaparecer del lugar y aparecer en otros establecimientos, repitiendo el mismo esquema defraudatorio una y otra vez.

Según explica la Policía, este entramado "ha dificultado enormemente la labor investigadora", pues "chocaba una y otra vez contra el muro de silencio y opacidad de los numerosos detenidos" a lo largo de estos años, lo que "impedía llegar hasta el escalón superior de la estructura delictiva".

A esto hay que sumar que cuando las denuncias llegaban a España venían "con meses o incluso años de retraso, no siempre con la información documental completa, con el inconveniente de no poder contactar directamente con la víctima, y con los problemas legales generados por el desconocimiento del problema y por ser víctimas extranjeras de un delito transnacional".

La Policía subraya que los ingresos generados por este fraude no se quedaban en España, "ya que los principales implicados vivían de una forma relativamente sencilla y sin ningún tipo de ostentaciones", lo que lleva a la conclusión que los mismos sólo son un escalón más en la estructura desmantelada.

En los registros efectuados se ha encontrado abundante documentación en forma de contratos, listas de miles de propietarios, referencias bancarias, etc.

También se ha incautado un arma de fuego prohibida del calibre 22, realizada en acero y con forma de llavero junto a cuatro cartuchos.

Las listas de propietarios han sido localizadas tanto en soporte documental como en digital. Asimismo, se ha requisado un PC cuyo amplio contenido está siendo analizado actualmente por los investigadores y especialistas.

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