El Gobierno no compensará a los afectados por las preferentes de bancos rescatados

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirma que las pérdidas de estas acciones las tendrán que asumir sus propietarios.

Los titulares de participaciones preferentes afectados por las entidades rescatadas "deberán contribuir a su reestructuración con sus propios recursos", según recoge Cinco Días de declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos.

El ministro ha aclarado en la sesión de control parlamentaria que las condiciones pactadas para la concesión del crédito europeo a la banca española prevén que no sea solo el Estado quien soporte los costes asociados a la reestructuración de las entidades nacionalizadas, sino que contribuyan también sus inversores.

Aún así, el ministro ha insistido en que el Gobierno va a modificar la legislación para que la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas no se vuelva a producir, aunque dicha reforma no tendrá efectos retroactivos.

"Por desgracia, esta modificación no impedirá que se hayan colocado estos productos", algo que en su opinión, "se tenía que haber evitado", ha concluido el ministro.

Acabar con la estafa de las preferentes

El ministro de Economía ha hecho esta consideración en relación a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, sobre si el memorándum de entendimiento de la ayuda a la banca española "implica finiquitar y dar cobertura a la estafa de las preferentes".

Hurtado ha pedido que "se resarza a los perjudicados por la venta de estos productos y se pidan responsabilidades a los causantes de esta estafa".

El ministro de Economía ha explicado que cualquier entidad europea en proceso de reestructuración que reciba ayudas públicas debe cumplir con la normativa comunitaria.

La norma, en relación a estos productos y en casos de entidades que necesiten ayuda pública, "exige que los canjes de preferentes los autorice la Comisión Europea, que para ello demanda que se realicen en condiciones de mercado", ha explicado De Guindos.

De Guindos ha matizado que, en el caso de algunas entidades españolas intervenidas, la Comisión Europea no ha permitido llevar a cabo operaciones de conversión de participaciones preferentes al considerar que los términos propuestos para el canje no satisfacían las condiciones de mercado.

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