El Tribunal Supremo confirma la sanción impuesta por la Junta a Aqualia por no verificar los contadores nuevos de agua

La empresa percibió más de 50.000 euros al cobrar a los nuevos abonados unas cantidades ya pagadas en concepto de cambio de titularidad en los inmuebles.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia confirmando la sanción de 213.050,060 euros por infracción grave impuesta por la Junta de Andalucía a la empresa Gestión Integral del Agua Aqualia por no verificar los contadores nuevos de agua antes de su colocación. En el expediente sancionador también se multaba a la empresa por exigir a los nuevos abonados al servicio el cobro de unas cantidades ya pagadas por el simple hecho de cambio de titularidad en los inmuebles.

Con esta resolución judicial, se avala esta actuación llevada a cabo en Almería y se pone fin a un largo proceso judicial que inició en 2003 la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería por una supuesta infracción de consumo cometida por Aqualia.

En este sentido, la Delegación comprobó que la empresa incumplía la verificación de los contadores que, según la normativa vigente, debe realizar la Empresa Pública de la Junta Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), con carácter previo a la colocación de los mismos. En concreto, en el periodo 1993-2003, Aqualia instaló un total de 110.777 contadores sin ser verificados previamente.

Igualmente, la empresa sancionada percibió entre 1999 y 2002 un total de 54.734,04 euros en concepto del suplemento de adecuación de acometida que cobró a los nuevos abonados por el cambio de titularidad en el servicio contratado.

Tanto la falta de verificación de los contadores como el cobro de estas cantidades ya pagadas suponen una vulneración de los artículos 39 y 31 respectivamente del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del suministro domiciliario de agua potable.

El Tribunal Supremo argumenta en su sentencia, entre otras cuestiones, que "estamos ante un servicio básico y esencial que se presenta en el mercado hacia personas consumidoras y usuarias, y dentro del cual se regula la conducta esperada para las empresas suministradoras con respecto a su obligación de condiciones del suministro domiciliario de agua, contratación de abastecimiento y regularidad del mismo" y añade que "se espera y exige de la empresa suministradora una conducta concreta cuya inobservancia genera automáticamente un incumplimiento sancionable".

Más garantías

Recientemente la Junta ha aprobado una modificación del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, vigente desde 1991, para reforzar los derechos de las personas consumidoras y usuarias del servicio.

En este orden de cosas, se incrementan las posibilidades de reclamación y comprobación, además de eliminar costes burocráticos por traslados o cambios de titularidad y suprimir los trámites de puesta en funcionamiento de instalaciones en las viviendas.

Además de introducir otras mejoras a favor de los usuarios, con esta modificación el reglamento se ha adaptado a la directiva europea de Servicios en el Mercado Interior y a los planes autonómicos de agilización y simplificación administrativa.

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