El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía apoya a FACUA

Lamenta que el Gobierno de España utilice esta vía como forma de condicionar, restringir y coartar la actuación del movimiento consumerista español.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), ante el conocimiento de la amenaza por parte del Gobierno a FACUA-Consumidores en Acción de ilegalizarla como asociación de consumidores, ha emitido un comunicado de apoyo que reproducimos a continuación.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de consulta y participación de los consumidores y usuarios andaluces, integrado por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, FACUA-Andalucía y Unión de Consumidores de Andalucía, UCA/UCE, habiendo tenido conocimiento del requerimiento del Gobierno Estatal realizado a FACUA, manifiesta su rotunda oposición al mismo, entendiendo que las amenazas de expulsión de esta organización del Registro Estatal de asociaciones de consumidores y usuarios, supone una clara agresión al derecho de participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en los asuntos que les atañen, reconocido en el ordenamiento jurídico, y un ataque a la libertad de expresión y acción de las organizaciones de consumidores.


El CCUA, lamenta que el Gobierno de España, utilice esta vía como forma de condicionar, restringir y coartar la actuación del movimiento consumerista español, y por ende de Andalucía, utilizando a modo de trueque , la inscripción en el Registro y los derechos que ello conlleva, a cambio de una actitud silente y no combativa, ante las distintos recortes
presupuestarios en sanidad, educación o cualquier otro servicio público del que somos usuarios.


Finalmente, el CCUA, manifiesta su apoyo y total solidaridad hacia FACUA, por el ataque sufrido por parte del Gobierno español, que sin base legal alguna, pretende cuestionar la legalidad no solo de esta organización sino del resto del movimiento consumerista, para ejercer la defensa de los legítimos intereses generales de los consumidores y usuarios, amparada por nuestro marco constitucional.

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