IU exige que el Alcalde de Granada proteja a los consumidores y rechace la amenaza a FACUA

La organización de izquierdas denuncia que el Gobierno quita la voz a a 4.000 socios granadinos de FACUA y desprotege a los granadinos que son asesorados anualmente por la organización.

La concejala en el Ayuntamiento de Granada por IULV-CA, Maite Molina, ha criticado la amenaza vertida por el Ejecutivo contra FACUA-Consumidores en Acción. Asimismo ha solicitado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada dirigido por Torres Hurtado "proteja a los consumidores y usuarios de Granada que verán mermados sus derechos de información que en la actualidad les presta FACUA Granada y que afecta a unos 1.400 granadinos que anualmente son los que presentan consultas o reclamaciones en la organización de consumidores y usuarios".

Molina ha señalado que "el Alcalde de Granada debe velar por los intereses de los granadinos y granadinas que tienen en FACUA, un referente que les protege y asesora en materia de abusos y posibles fraudes en el consumo, y por lo tanto, debe reconocer la labor social que realiza la organización, rechazando frontalmente las amenazas vertidas por el Gobierno de su partido en la Nación, y exigir que las retire, ya que en democracia, no se puede consentir que el gobierno ande ilegalizando asociaciones incomodas para él".

La edil ha señalado que "en tiempos de democracia este tipo de injerencias en la labor de una asociación con más de 30 años de historia y trabajo en defensa de los consumidores y usuarios, velando, como dicen sus principios éticos, por la consecución de una sociedad más justa y equitativa y con una señalada independencia de organizaciones políticas, empresariales, sindicales o institucionales, es una violación del derecho de información y de protección a los consumidores y usuarios de Granada, que tienen todo el derecho del mundo a conocer cómo repercuten los recortes del gobierno central en sus vidas, en su cotidianeidad en la compra de cualquier producto".

Para Maite Molina "la amenaza de ilegalizar FACUA supone un atentado contra la labor de defensa, información y asesoría que igualmente presta FACUA Granada y que viene facilitando anualmente a unos 1.400 granadinos y granadinas cómo denunciar abusos o fraudes en temas como la banca y los seguros, la salud, los transportes y los viajes, la vivienda y suministros eléctricos y de otro tipo de servicios, entre otros muchos".


"Que el gobierno del Partido Popular ataque a una organización como FACUA pone de relieve como entiende los derechos de información y la propia democracia el PP, andar ilegalizando asociaciones porque no les convenga políticamente que los ciudadanos estén informados y puedan reclamar contra los recortes en educación, en sanidad, con la repercusión de la subida del IVA en la cesta de la compra de los granadinos y granadinas, es una falta de respeto y una intromisión que pone en enorme duda la pluralidad y transparencia de este gobierno, por lo que exigimos que el Alcalde de Granada tome cartas en el asunto y se niegue rotundamente a que FACUA sea intervenida por el gobierno de Rajoy defendiendo por encima de intereses  partidistas los derechos de información de los 4000 socios de FACUA Granada y por ende de los granadinos y granadinas que son atendidos anualmente por esta organización ante posibles abusos en sus derechos como consumidores y usuarios en nuestra ciudad" asevera Molina.

Desde el grupo municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Granada se preguntan si al gobierno del PP le molesta que FACUA, entre otras funciones, tenga la de "cuestionar el actual modelo de sociedad de consumo, sustentado en el fomento del acaparamiento y ostentación de productos de forma irracional y despilfarradora, la explotación de los países pobres y el agotamiento de los recursos naturales del planeta, tal y como recoge la propia organización en la descripción de sus cometidos, y como parece que sí, atacar a una organización que viene trabajando desde el año 81 en defensa de los derechos de consumidores y usuarios es una acción sin precedentes y que debe ser corregida inmediatamente, por lo que exigimos que el Alcalde de Granada se moje con los derechos de los granadinos que ante posibles abusos y fraudes en el consumo, tienen a FACUA como asociación que les protege y defiende legalmente, de lo contrario, supondrá un enfrentamiento directo con los 4000 asociados que tiene FACUA en Granada y con las 1400 personas que son atendidas anualmente por la misma".

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