15S

La declaración de la Cumbre Social denuncia la amenaza de ilegalización de FACUA

"Se ha intensificado la persecución de aquéllas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA", señala el documento.

La declaración de la Cumbre Social denuncia la amenaza de ilegalización de FACUA

La declaración del segundo encuentro de la Cumbre Social, que convoca la gran movilización que se celebra este sábado 15 de septiembre en Madrid, incluye la denuncia sobre la amenaza del Gobierno con ilegalizar FACUA-Consumidores en Acción por criticar la subida del IVA y los recortes en la ensañanza y la educación públicas.

"Se ha intensificado la persecución de aquéllas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA", señala el documento.

FACUA es una de las más de 150 organizaciones ciudadanas que forman parte de la Cumbre Social. Dirigentes y socios de FACUA y sus organizaciones territoriales en toda España han acudido a la manifestación de Madrid.

FACUA denuncia que utilizando su mayoría absoluta como una carta blanca para cometer un fraude electoral de un calado sin precedentes, el Partido Popular está gobernando para favorecer oscuros intereses empresariales a costa de devaluar la calidad de vida de los ciudadanos.

Tras una reforma laboral que roba derechos a los trabajadores y facilita los despidos, el incremento de los precios de los medicamentos, la privación del acceso a la sanidad pública a cientos de miles de ciudadanos inmigrantes y las distintas medidas que están encareciendo la enseñanza enseñanza pública en sus distintos niveles, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aplicado una subida del IVA que representa de hecho una devaluación del poder adquisitivo de los ciudadanos equiparable a una disminución de sus salarios, pensiones y prestaciones por desempleo, advierte FACUA.

Estas medidas, son solo el punto de partida del programa oculto de un partido que llegó al poder con promesas plagadas de falsedades y que hacen necesaria una masiva, de forma permanente, una movilización ciudadana que haga patente el sentir de la sociedad civil y las organizaciones que la representan.

Declaración de la Cumbre Social:

El pasado 25 de julio más de 150 organizaciones de la sociedad civil, que agrupan a más de 900 asociaciones y entidades, nos reunimos en lo que denominamos Cumbre Social para reflexionar sobre la situación por la que está atravesando nuestro país, la naturaleza y las consecuencias económicas y sociales de las políticas que se están llevando a cabo por el Gobierno de la nación en connivencia con la Unión Europea, y para mancomunar la respuesta social con el objetivo de promover un cambio sustancial de las mismas.

Vimos entonces cómo las políticas que se están implementando desde mayo de 2010 y que se han intensificado desde la llegada del PP al Gobierno están suponiendo una fractura social sin precedentes: Se sigue destruyendo empleo; se siguen deteriorando los derechos laborales y sociales; se intensifica la devaluación de nuestro Estado de Bienestar; se promueve una involución ideológica de carácter neoconservador y confesional negando a las mujeres el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, profundizando la división sexual del trabajo, reduciendo los recursos contra la violencia sexual, criminalizando a la población inmigrante,... y aparecen síntomas preocupantes de autoritarismo político que amenazan la calidad de nuestro sistema democrático. No existe ningún colectivo, ni ámbito de la actividad social y cultural, que se libre de las consecuencias de estas políticas salvo los poderes económicos y las élites que los representan.

Todo ello, sin que en estos dos años largos de políticas neoliberales a ultranza aparezca el más mínimo indicio de superación de la crisis, antes al contrario, se profundiza la recesión económica.

El mundo del trabajo, los empleados y empleadas públicos, los desempleados y los pensionistas, los autónomos, el pequeño comercio; el mundo de la cultura y la ciencia; la justicia; el medio rural; los medios de comunicación y los periodistas, los inmigrantes, los jóvenes; la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; el medio ambiente y las posibilidades de un modelo económico sostenible, los derechos de los consumidores, la actividad de las organizaciones que trabajan con los más empobrecidos y que practican la cooperación al desarrollo... TODO y TODOS y TODAS estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas que nos llevan a un cambio de modelo social y nos arrastran hacia una sociedad más injusta, menos igualitaria y más autoritaria, rompiendo los consensos básicos establecidos en la transición democrática.

Desde la pasada reunión de la Cumbre Social hemos seguido sufriendo centenares de incendios repartidos por toda nuestra geografía que podrían haberse evitado o, al menos, haber sido menos devastadores si no se hubiesen recortado los recursos dedicados a ello ni destruido la ganadería extensiva como elemento de limpieza de los montes; se ha prolongado la ayuda a los parados que no perciben ninguna prestación pero reduciendo muy significativamente el número de beneficiarios de la misma, cebándose muy especialmente en los jóvenes; se ha intensificado la persecución de aquellas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA, ha continuado el cerco del Gobierno central hacia las corporaciones locales, particularmente las menores, y hacia las CCAA y ha aumentado exponencialmente el riesgo de rescate de la economía española.

Las organizaciones reunidas en esta segunda Cumbre Social ratificamos el compromiso adquirido en la anterior de conseguir el próximo 15 de septiembre una gran concentración en Madrid, que exprese el profundo rechazo que nos merecen estas políticas; que plantee con nitidez que existen alternativas a las políticas europeas y nacionales, empezando por una política fiscal más justa y progresiva y una decidida lucha contra el fraude fiscal sin amnistía para los defraudadores. El 15 de septiembre, también, debe cuestionar la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo unas medidas que no formaron parte de su programa electoral.

Ninguna de las medidas que, desde enero, se vienen aplicando se sometió a la consideración de la ciudadanía en las pasadas elecciones del 20 de noviembre. Cada una de ellas de manera aislada ya supone un ejercicio de ocultación suficientemente grave, pero todas juntas, como programa de acción gubernamental, supone un auténtico fraude democrático y una violación de los derechos humanos y de la ética de la política.

El mal llamado rescate (ni blando ni suave) que negocia el Gobierno ni es inevitable ni deseable con los antecedentes conocidos (Grecia, Irlanda, Portugal) y, de llevarse a cabo, supondrá nuevas condiciones y por tanto nuevos recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se mantiene en pie, prestaciones por desempleo, pensiones,...Ésa es una decisión de tal trascendencia que no puede tomarla el Gobierno por sí sólo. Si antes teníamos suficientes motivos para exigir un Referéndum, ahora más.

La Constitución Española contempla en su artículo 92.1 la posibilidad de que ante decisiones de especial relevancia se recurra a la consulta popular, eso es lo que da sentido y fortalece nuestra democracia, lo que en momentos tan críticos es justo que demandemos. En todo caso la ciudadanía debe tener la posibilidad de expresarse. Ése también es nuestro compromiso.