El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza para poder desalojar a FACUA Cádiz de su sede

La asociación denuncia que esta norma les permitirá ceder o quitar locales de forma arbitraria.

FACUA Cádiz denuncia que la ordenanza reguladora de la cesión de locales municipales, aprobada ayer en el Pleno Municipal, sólo tiene como finalidad proporcionar respaldo legal al ayuntamiento para poder desalojar a esta organización del local que actualmente le tiene cedido.

La asociación recuerda que, como respuesta a las críticas vertidas contra el ayuntamiento, éste intentó desalojarla de su sede, ubicada en un local de propiedad municipal desde hace más de diecisiete años, lo que, finalmente, no consiguió, dado que, judicialmente, la Asociación consiguió la anulación del procedimiento iniciado a tal fin.

FACUA Cádiz fundamenta su acusación en que el contenido de la nueva norma legitima la arbitrariedad del ayuntamiento a la hora de decidir qué colectivos son merecedores o no de la cesión de locales, o a quienes se le retira los ya cedidos.

También señala que el Ayuntamiento se ha negado a publicar un listado de los inmuebles que actualmente se encuentran cedidos y quiénes los disfrutan, tal y como se reclama desde esta organización. 

Por todo ello, FACUA Cádiz, que en reiteradas ocasiones había solicitado la aprobación de esta norma, anuncia que va a estudiar la posibilidad de recurrirla judicialmente, al considerar que parte de su contenido puede vulnerar la normativa vigente.

Arbitrariedad y falta de transparencia

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, la petición de cesión de locales municipales por parte de las Asociaciones será decidida por el equipo de gobierno (no por el Pleno) atendiendo a que éste, de forma subjetiva o de acuerdo a su ideología, determine que los fines de la asociación que solicita el local son o no prioritarios ante los de otros peticionarios.

De esta manera, a modo de ejemplo, el equipo de gobierno puede hacer prevalecer unos determinados fines en detrimento de otros consagrados por nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma, a modo de ejemplo, el ayuntamiento puede considerar más importante los fines de una secta religiosa que los de un sindicato, un colectivo ecologista o una organización de consumidores.

En las alegaciones a la ordenanza presentadas por FACUA Cádiz también se solicitaba la elaboración de un catálogo de dichos locales, lo que ha sido rechazado por el ayuntamiento alegando la imposibilidad de hacerlo debido a la “gran cantidad de cambios que se producen en lo relativo a los inmuebles de pertenencia municipal”, afirmación que, de ser cierta, supondría que el Ayuntamiento reconoce su incapacidad de controlar su propio patrimonio.

Para FACUA Cádiz, es especialmente preocupante y significativa tanto la negativa municipal a aceptar esta propuesta (que figura en las ordenanzas que regulan este asunto en Jerez y Sevilla), como el argumento que se utiliza para justificar su postura.

La nueva Ordenanza también permite que, también de forma totalmente arbitraria, el ayuntamiento decida qué asociaciones deben o no ser supervisadas, en orden a comprobar el cumplimiento de las normas de uso de estos locales. FACUA Cádiz había solicitado que la Ordenanza recogiera la obligatoriedad de elaborar un plan anual de supervisión, lo que también ha sido rechazado por el Ayuntamiento.

Falta de participación en el proceso

FACUA Cádiz vuelve a denunciar la falta de participación durante todo el proceso de elaboración de la ordenanza. A juicio de esta organización, el ayuntamiento debiera haber dado la suficiente publicidad a la iniciativa y haber solicitado la opinión de las organizaciones sociales de la ciudad.

Por el contrario, el ayuntamiento ha vuelto a limitarse a cumplir con la publicación oficial de la propuesta inicial, requisito ineludible para su tramitación legal. Ello ha originado, según señala FACUA Cádiz, que la aprobación de la norma haya pasado desapercibida para las organizaciones sociales de la ciudad, lo que ha quedado patente en el hecho de que las únicas alegaciones presentadas hayan sido las de esta organización (además de las de los grupos políticos de la oposición municipal).

Finalmente, FACUA Cádiz lamenta que el ayuntamiento haya vuelto a impedir la intervención del presidente de FACUA Cádiz en el debate sobre este asunto en el Pleno municipal, antes de la exposición de los Concejales (sí se permitió al final del mismo), tal y como había solicitado esta organización, con el objetivo de poder defender sus planteamientos, acogiéndose a la posibilidad que, a este respecto, recoge la normativa vigente.

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