Amenaza de ilegalización

IU lleva al Parlamento Europeo las amenazas del Gobierno a FACUA y pide explicaciones a la CE

Willy Meyer ha planteado a la Comisión Europea si ha trasladado su preocupación al Gobierno español por el posible incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales.

El responsable de Política Internacional y eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha llevado al Parlamento europeo las amenazas del Gobierno con ilegalizar FACUA-Consumidores en Acción como asociación de consumidores por criticar la subida del IVA y los recortes en la enseñanza y la educación públicas.

Meyer ha registrado una pregunta escrita en la que detalla las advertencias lanzadas desde el Ejecutivo sobre la retirada de la condición de asociación de consumidores a FACUA y plantea a la Comisión Europea "si conoce el hecho denunciado y ha trasladado su preocupación al Gobierno español por el posible incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales".

El europarlamentario de IU completa su iniciativa reclamando datos sobre si "la Comisión Europea está monitoreando los posibles incumplimientos de esta Carta de Derechos Fundamentales en España".

En la misma línea, plantea también a la Comisión si "no considera que los hechos denunciados pueden suponer el incumplimiento de la legislación comunitaria sobre protección de los consumidores".

Para Willy Meyer este tipo de amenazas por parte del Gobierno del PP suponen un "intento de censura frente al derecho de una organización a expresar sus opiniones e informar a los consumidores sobre medidas que afecten a sus derechos e intereses legítimos".

El europarlamentario ha incidido en que "es un triste ejemplo más de la campaña de criminalización, hostigamiento y obstaculización del actual Gobierno contra cualquier asociación, plataforma, organización o ciudadano que ejerza sus legítimo derecho a la protesta, la crítica y la oposición pacífica. Intenta tapar así el rechazo masivo al programa de privatizaciones y recortes de derechos y libertades que está implementando en connivencia con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo".

Meyer ha argumentado la necesidad de lograr una respuesta clara de la Comisión Europea sobre este asunto en el hecho de que estas amenazas y la censura previa que pretende imponer el Gobierno español suponen una "clara violación de los derechos fundamentales de asociación y libertad de expresión, información y opinión, reconocidos tanto por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

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