Atentado sin precedentes contra la libertad expresión

FACUA, 100 días amenazada de ilegalización

Por criticar la subida del IVA y los recortes en la sanidad y la educación públicas.

FACUA, 100 días amenazada de ilegalización

Este 11 de noviembre se han cumplido 100 días desde que FACUA-Consumidores en Acción recibiese la amenaza de ser ilegalizada como asociación de consumidores por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

100 días en los que FACUA ha recibido un enorme apoyo social, tanto por parte de los ciudadanos como de multitud de organizaciones sociales, ante un atentado contra la libertad de expresión y la libre asociación que no tiene precedentes en la democracia española.

La ilegalización de FACUA tendría como consecuencia que saldría de los órganos consultivos de ámbito estatal de los que forma parte, entre ellos el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), perdería su derecho a las subvenciones públicas que reciben las asociaciones de consumidores y el de presentar acciones judiciales en defensa de intereses difusos.

Repasamos los hechos más destacados vividos por FACUA desde el 3 de agosto en relación a su amenaza de ilegalización.

3 de agosto. FACUA recibe un oficio, firmado por la secretaria general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y presidenta del Instituto Nacional del Consumo (INC), Pilar Farjas, en el que amenaza con expulsarla del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que depende del INC.

En el oficio, Farjas advierte que esta pérdida de la condición de asociación de consumidores se producirá si en el plazo de 15 días hábiles FACUA no paraliza todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en la sanidad y la educación públicas y elimina todo rastro de las mismas en su web, así como del día sin compras al que había llamado en julio como protesta por la subida del IVA.

4 de agosto. FACUA hace pública en Twitter la amenaza de Gobierno con ilegalizarla. FACUA y #yosoyfacua se convierten en trending topics nacionales durante 48 horas.

5 de agosto. Decenas de organizaciones ciudadanas y partidos políticos en toda España comienzan a mostrar su apoyo a FACUA ante la amenaza del Gobierno.

16 de agosto. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, remite una carta a FACUA en la que rechaza su petición de amparo. En lugar de asumir sus competencias y dirigirse al Ministerio de Sanidad ante un intento de cercenar libertades constitucionales, Becerril se permite la licencia de saltarse la objetividad y neutralidad que corresponden a su cargo y "sugerir" a la organización que "revise" las campañas que el Gobierno quiere censurarle.

21 de agosto. FACUA contesta a Pilar Farjas a través de un documento en el que pone de manifiesto las irregularidades procedimentales cometidas en su oficio y le advierte que sus posicionamientos públicos sobre la subida del IVA, la sanidad y la educación públicas están en el marco tanto de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, información y opinión como del mandato legal que tienen las asociaciones de consumidores  de defender los legítimos intereses de estos.

22 de agosto. Finaliza el plazo dado a FACUA por la secretaria general de Sanidad y Consumo. La respuesta pública a la amenaza de ilegalización es la presentación, en el Ateneo de Madrid, del manifiesto Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA, promovido por más de sesenta personajes relevantes del mundo de la cultura y el periodismo.

28 de agosto. El Grupo Popular rechaza en la Diputación Permanente del Congreso la petición de comparecencia de la ministra de Sanidad ante la amenaza a FACUA solicitada por tres grupos parlamentarios: PSOE, de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural y PNV. "Nadie ha amenazado a nadie", argumenta la diputada popular Marta Torrado.

Ante esto, la diputada socialista Trinidad Jiménez advierte que con esta "actuación intimidatoria, que no tiene precedentes ni fundamento jurídico alguno", el PP ha demostrado tener un espíritu "más propio de otras épocas" pasadas que de una sociedad democrática.

El diputado de CiU Pere Macías califica de "esperpéntico que desde el Gobierno alguien pretenda decirle a una asociación de consumidores cómo hacer su labor" y pretenda además "eliminarles" del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de no cambiar su actitud.

Desde el PNV, Emilio Olabarría denuncia las "amenazas expresas" de Pilar Farjas contra FACUA por "constituir el atentado a la democracia más grave que se ha podido conocer en esta legislatura".

4 de septiembre. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, se reúnen con el presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán. En rueda de prensa conjunta, Toxo denuncia la "campaña de acoso por parte del Gobierno a FACUA", y demanda que "retire todas sus acciones" contra la asociación. Por su parte, Méndez señala el Ejecutivo "pretende utilizar a FACUA como cabeza de turco para imponer la ley del silencio", y asegura que su ilegalización supondría "un precedente mortífero para la libertad de expresión".

El presidente de FACUA se reúne con la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez. La ex ministra de Sanidad y Política Social socialista rechaza el "burdo intento" del Gobierno para "censurar y acallar a una organización que actúa en defensa de los derechos de los consumidores".

5 de septiembre. El presidente de FACUA se reúne con el coordinador federal de IU, Cayo Lara. En rueda de prensa conjunta, Lara denuncia que el "ataque brutal" a FACUA, con una amenaza "inédita en la etapa democrática", es una muestra de que el Gobierno está "atacando derechos y libertades reconocidos en la Constitución" en su objetivo de "ahogar la protesta social asfixiando a las organizaciones que defienden a los ciudadanos".

12 de septiembre. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, comparece en el pleno del Congreso de los Diputados para contestar a una pregunta de la portavoz de Consumo del Grupo Socialista, Pilar Grande"¿Piensa la ministra ilegalizar a las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios que discrepen de las medidas adoptadas por su Gobierno?".

Mato dice que lo que hace el Gobierno con su amenaza a FACUA es "cumplir con su responsabilidad" y "velar por los intereses de los consumidores", asegurando que la pretensión de su ministerio y el INC es que las asociaciones de consumidores "no se dediquen a cuestiones distintas a la defensa de los intereses de los consumidores como exige la ley".

15 de septiembre. La Cumbre Social, integrada por cerca de 200 organizaciones ciudadanas de ámbito estatal, convoca una gran movilización en Madrid cuya declaración denuncia la amenaza del Gobierno a FACUA. "Se ha intensificado la persecución de aquéllas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA", señala el documento.

27 de septiembre. Frente a las más de una veintena de organizaciones de consumidores de Europa y América Latina que han trasladado a FACUA su apoyo ante la amenaza del Gobierno, en España ninguna de las que junto a ella forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) acepta si quiera enviar una carta a la ministra de Sanidad pidiéndole que respete el derecho a expresar sus opiniones sobre la sanidad y la enseñanza públicas.

11 de noviembre. Se cumplen 100 días desde que FACUA recibiese el oficio con la amenaza de ilegalización.

Ya somos 190.587