200 euros por reclamar facturas de 80

FACUA denuncia que la ley de tasas judiciales establece una justicia para ricos y otra para pobres

El Gobierno limita el acceso a este derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos.

FACUA denuncia que la ley de tasas judiciales establece una justicia para ricos y otra para pobres

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno supone la implantación de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos.

La asociación recuerda que esta ley, que nace con el rechazo de jueces, abogados, fiscales, procuradores, usuarios y el resto de los grupos parlamentarios, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva "sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", tal como recoge el artículo 24 de la Constitución Española.

A pesar de que la exposición de motivos de esta ley defiende que está avalada por el Tribunal Constitucional, FACUA señala que hasta ahora este tribunal sólo ha autorizado la aplicación de tasas que no supongan una barrera económica para el acceso a la justicia.

De hecho, el propio texto aprobado reconoce que la ley "pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional", algo que, para la asociación, evidencia que se trata claramente de unas tasas disuasorias.

Algunos ejemplos escandalosos

FACUA expone que con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o la ejecución de un laudo arbitral para la devolución de una factura telefónica de 80 euros.

Otros ejemplos escandalosos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca, indica FACUA.

Para la asociación, resulta indignante que los afectados por fraudes masivos como el de las participaciones preferentes vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero. Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros.

De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad, denuncia FACUA.

Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Reforma del arbitraje de consumo

FACUA alerta de que a la implantación de estas tasas excesivas se le une ahora la tramitación de una importante reforma del arbitraje de consumo que pretende revisar este sistema.

De esta forma, el Gobierno pretende excluir las reclamaciones de menor cuantía (de menos de 50 euros) o aquellas que no versen sobre reclamaciones de cantidad, decisiones que quedarían en manos del presidente de la Junta Arbitral.

FACUA denuncia que esta reforma dejaría este arbitraje como un mero procedimiento administrativo donde los laudos se sustituirían por resoluciones de este tipo, en base a la figura del árbitro único designado por la Administración.

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