La Audiencia Nacional confirma las multas a Repsol y BP por fijar los precios de los carburantes

La sentencia declara "conforme a derecho" las deliberaciones y la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Competencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos interpuestos por Repsol y BP contra el expediente sancionador de la Comisión Nacional de Competencia(CNC) formulado en 2009. En éste se consideraba que las petroleras realizaban prácticas comerciales que obligaban a las estaciones de servicio independientes a fijar los precios indirectamente, una acción prohibida por las normas de competencia.

Según ha informado el diario El Economista, la sentencia declara "conforme a derecho" las decisiones de la CNC y  la sanción impuesta. Asimismo, rechaza los argumentos de las compañías sobre aspectos formales del procedimiento y no admite la afirmación de las petroleras sobre que esta conducta es legal, al estar permitida la fijación de precios máximos.

La sentencia indica que aunque la fijación de precios máximos y de referencia es legal, ésta fijación no debe ir acompañada "de mecanismos que, como en este caso de forma directa o indirecta limiten los incentivos y que conviertan el precio máximo/recomendado en precio fijo".

La Audiencia Nacional considera que estas prácticas consisten en fijar el precio de adquisición en función del precio de venta al público de las estaciones de servicio del entorno, así como aplicar comisiones del mismo nivel y la instalación de terminales de pago con tarjetas propias del precio máximo recomendado. Además, el tribunal señala otras maniobras como el uso de autofacturas y  la falta de información del titular de la gasolinera sobre los descuentos compartidos.

Por este motivo, la sentencia ratifica que los precios máximos y los recomendados ofrecidos por el operador se convierten en fijos. Así, se elimina la libertad del minorista de fijar el precio al que vende el carburante en su estación de servicio.

En este sentido, la Audiencia Nacional señala que las normas de competencia prohíben la fijación directa o indirecta de los precios, ya que al tratarse de empresarios que asumen riesgos, deben tener libertad para fijar sus precios de venta.

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