Por usar los Puntos de Encuentro Familiar

FACUA Madrid ve inaceptable que los padres separados tengan que pagar para poder ver a sus hijos

La asociación rechaza el grave perjuicio que le puede ocasionar este tipo de situaciones de desamparo y desprotección a los menores.

FACUA Madrid rechaza las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad para imponer a los padres separados el pago por utilizar los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para poder ver a sus hijos.

Las nuevas tarifas, que están incluidas en los servicios proporcionados por la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, suponen que desde el 29 de noviembre, cada padre se vea obligado a pagar 5 euros por persona y servicio para hacer entrega o recogida del menor en el PEF.

FACUA Madrid alerta de que si, además, la visita está supervisada, se deberá abonar con anterioridad 10 euros, o 7 euros en el caso de no precisar esta demanda en este tipo de régimen.

La asociación considera que esta medida supone un grave perjuicio para el menor, debido a la situación de desamparo y de desprotección que puede ocasionar si los padres deciden ahorrarse este tipo de servicio público, cuyo fin es garantizar la seguridad y la protección de los niños.

Estos puntos de encuentro familiar están especializados en el cumplimiento de los regímenes de visitas por parte de los padres tras un divorcio o separación y en situaciones de denuncias por violencia de género.

Están exentos de abonar esta cuantía las personas con menos recursos económicos o perceptores de la renta mínima y los usuarios de la justicia gratuita o que hayan sido víctimas de la violencia de género.

FACUA Madrid recuerda que este tipo de servicios están ya financiados con los impuestos que cada madrileño abona y que, por ello, se está volviendo a utilizar el repago por la utilización de un bien público.

Además, lamenta la decisión de la Consejería de cerrar seis de estos ocho centros en la región, por lo que se paga más por menos.

Jubilados e inmigrantes

La Consejería de Asuntos Sociales también ha incluido nuevas tarifas que afectan a los más mayores. Deberán abonar por la utilización de los Centros de Día, entre 186 y 788 euros según su renta y el nivel de atención que demanden.

Otro sector que se verá afectado es el de los inmigrantes, tendrán que abonar 5 euros por asistencia jurídica en los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (Cepi).

Por ello, la asociación considera que el gobierno regional vuelve a atentar contra los servicios públicos, apostando por un sistema de pago que excluye y desfavorece a las personas con menos recursos económicos.

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