A través de una resolución

El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía rechaza la ley de tasas judiciales

Considera que la aplicación de la norma incide de manera negativa en el derecho de defensa de todas las personas y limita el acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

El pleno del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA) aprobó el 21 de diciembre una Resolución contra la Ley de Tasas Judiciales y el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.

A través de este documento, el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores y usuarios andaluces (integrado por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Ándalus, FACUA Andalucía y Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE), quiere poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la opinión pública andaluza su rechazo a esta ley por su incidencia negativa en el derecho de defensa de todas las personas.

Para el CCUA, esta iniciativa supone un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de derecho, al limitar gravemente y en muchos casos dejar fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

Este órgano considera que, la recientemente aprobada ley de tasas supone una restricción clara del acceso a la justicia para la mayoría social de este país, y convierte el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española), pilar y esencia del Estado de derecho y de la democracia, en un "servicio de lujo" al que solo podrán acudir quienes se lo pueden pagar.

Esta medida dinamita las opciones de la ciudadanía de reclamar ante los tribunales las arbitrariedades y lesiones de derechos tanto laborales, civiles como administrativos o de consumidores y usuarios que pueda ocasionar la parte más poderosa en una relación, sea esta de la naturaleza que sea.

Desde el Consejo se insiste en que esta ley constituye un veto sin precedentes en el derecho de acceso a la justicia de millones de personas, vaciando de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, supone una quiebra del principio de gratuidad en el procedimiento arbitral de consumo puesto que hará inviable en la práctica para el consumidor la ejecución del laudo favorable al mismo cuando la reclamación verse sobre cuantías inferiores a 200 euros (coste de la tasa) y las empresas se nieguen a cumplir el fallo.

El CCUA considera que la grave situación estructural de la administración de justicia, agravada por la falta de medios personales y materiales, nunca debe resolverse a costa de un nuevo marco legal, que en la práctica supone una limitación del acceso de la ciudadanía a la justicia, conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva.

El CCUA y las organizaciones que lo integran, representativas de los derechos y legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias, creen necesario combatir el veto que supone al acceso a la justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, la seguridad, la reparación de daños y perjuicios y legítimos intereses económicos, reconocidos en el artículo 51 de la Constitución, como principio rector de la política social y económica del Estado.

En este sentido, apuestan por "defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía. Unos bienes, unos servicios, y unos derechos y libertades que con la excusa de la reducción del déficit público, están siendo atacados y cercenados, lo que está provocando la oposición de innumerables colectivos sociales, una oposición de la que podemos, queremos y debemos hacernos eco desde un órgano de participación ciudadana como el CCUA", un propósito que han querido expresar de manera rotunda a través de esta resolución.

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