Fomento sigue sin aclarar cómo concluyó su expediente

FACUA critica que un año después del cierre de Spanair, la legislación sigue sin proteger a los usuarios

Reclama que las aerolíneas depositen fianzas para garantizar que los afectados por quiebras reciban sus indemnizaciones.

FACUA critica que un año después del cierre de Spanair, la legislación sigue sin proteger a los usuarios

Este domingo 27 de enero se cumple un año del cese de la actividad de Spanair. FACUA-Consumidores en Acción denuncia la falta de sensibilidad gubernamental ante este caso y los de otras compañías como Air Madrid y Air Comet, dado que no han modificado la legislación para proteger a los usuarios.

FACUA viene reclamando que las aerolíneas sean obligadas por ley a depositar fianzas ante un organismo de la administración para garantizar que los afectados por quiebras recuperen su dinero y reciban las pertinentes indemnizaciones.

Fianzas que sí están reguladas con las agencias

Una regulación que sí existe en el sector de las agencias de viajes, aunque es una incógnita si las comunidades autónomas, competentes en la materia, están haciéndola cumplir.

FACUA recuerda que cuando se produjo el cierre de Viajes Marsans, requirió a la Comunidad de Madrid que aclarase qué cantidad tenían depositada sus propietarios como fianza y que la destinase a indemnizar a los usuarios afectados, pero nunca recibió respuesta.

Procedimiento concursal

En la actualidad, los cientos de miles de clientes de Spanair que se vieron afectados por el cese abrupto de su actividad tras haber vendido billetes hasta unas horas antes continúan esperando a conocer cuánto dinero podrán recuperar, ya que se encuentran inmersos en el lento concurso de acreedores al que está sometido la compañía.

Asimismo, FACUA critica que el Ministerio de Fomento no sea transparente sobre las medidas que llevó a cabo sobre la empresa, en cuyo accionariado se incluyen las sociedades Avançsa y Cimalsa, de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.

En lugar de preocuparse e incluso asumir sus responsabilidades con los pasajeros, la Generalitat de Cataluña llegó a pedir a Fomento que no sancionase a la compañía, comportándose más como un mero accionista que como un Gobierno que debe velar por, y hacer cumplir, los derechos de los ciudadanos.

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