Un juez de Sevilla anula la cláusula de interés de una tarjeta por considerarla abusiva

El banco "online" aplicaba un interés del 22,30%.

El magistrado de Sevilla considera que la cláusula de interés aplicada en la tarjeta vendida a una mujer en un centro comercial en 1999 es "abusiva", ya que el porcentaje ascendía al 22,30%. La mujer la contrató sin recibir por parte del agente comercial la información suficiente acerca de las condiciones y costes reales del producto que le ofrecía. Según el abogado de la afectada, "tan pequeña era la letra que, para poder leerla, yo tuve que recurrir a una lupa".

En el momento del contrato, el comercial le dijo a la mujer que la cuota sería fija, fuera cual fuese el uso que le diera a la tarjeta, de 5.000 pesetas por aquel entonces (treinta euros). Sin embargo, esta cuota fija no era así y se aplicaba un 1,85% mensual sobre el saldo dispuesto, lo que conllevaba a la afectada a pagar grandes cantidades de dinero mensuales. Incluso en dos años en los que la clienta no usó la tarjeta, ésta generó una deuda de 7.940 euros.

El banco online considera que los intereses eran los "propios del mercado", y por tanto, nada abusivos. El juez sin embargo opina lo contrario y en su sentencia afirma que "el interés legal del dinero en el año en que se suscribió el contrato era del 4,25%" lo que dista en mucho del interés que aplicaban en la tarjeta, un 22,30%. 

Por tanto, la sentencia considera abusiva aplicar un interés tan alto anual como cualquier interés de demora que se sitúe por encima del 20%, porcentaje también incluido en las condiciones con la letra pequeña que acompañaba a la tarjeta. Además, el magistrado exige a la entidad bancaria a emplear "una nomenclatura y/o abreviaturas que posibiliten su comprensión", evitando así que los clientes contraten productos desconociendo las condiciones reales del contrato.

En este caso se anula la cláusula de interés y obliga a aplicar un máximo del 13,75%, sobre el que se procederá a una nueva liquidación de intereses durante los años 2005 y 2011, ambos inclusive. No obstante, niega la revisión para el periodo de 1999 a 2004, al no poseer la afectada los recibos de las compras efectuadas en ese tiempo.

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