FACUA exige al Gobierno un registro de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores

Considera inadmisible la opacidad de las administraciones públicas sobre las multas que imponen por ofertas engañosas, cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales y otras irregularidades.

FACUA exige al Gobierno un registro de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores

FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno la creación de un registro público de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores.

FACUA reclama la creación de una base de datos accesible para todos los ciudadanos en la que figuren las empresas que hayan sido sancionadas en firme por las administraciones de ámbito nacional, autonómico y local o por los tribunales de justicia por cometer prácticas que atenten contra los derechos de los consumidores.

La asociación considera inadmisible la opacidad de las administraciones públicas sobre las multas que imponen por ofertas engañosas, cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales y otras irregularidades que causan graves perjuicios a los consumidores.

Las autoridades protegen al defraudador

Las distintas autoridades que tienen competencias en salvaguardar los derechos de los consumidores optan generalmente por proteger a las empresas que cometen fraudes ocultando que han sido sancionadas por ellos.

Los consumidores tienen derecho a conocer qué empresas han sido sancionadas por cometer de forma reiterada una práctica abusiva o incurrir en una irregularidad grave, para valorar si merecen su confianza como clientes y estar alerta ante los abusos de los que pueden ser objeto.

Mientras cualquier empresa puede acceder a registros de morosos en los que incluso figuran irregularmente numerosos usuarios que carecen de deudas, los consumidores no tienen ninguna posiblidad de conocer si la empresa con la que va a contratar un servicio ha cometido abusos graves contra sus derechos.

FACUA advierte que el desequilibrio entre los derechos y obligaciones de consumidores y empresarios se da desde antes de la propia compra y contratación de bienes y servicios.

Así, un empresario puede saber si un consumidor es o no solvente pero un consumidor no tiene posibilidad de conocer si una empresa representa un fraude en potencia.

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