El quinto contra asociaciones andaluzas de taxistas

Abren expediente sancionador contra Unión Jerezana de Tele-Taxi por posibles prácticas restrictivas

Suponen medidas de obligado cumplimiento como "la contratación obligatoria de determinados trabajadores asalariados, la prohibición a los socios de prestar ciertos servicios, así como otras medidas también restrictivas en materia de publicidad".

El Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha iniciado un expediente sancionador contra la asociación Unión Jerezana Tele-Taxi (Tele-Taxi Jerez) por posibles prácticas restrictivas de la competencia para la prestación de sus servicios en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.

Según han detallado a Europa Press fuentes de la citada Consejería, las supuestas prácticas restrictivas consistirían básicamente en la adopción de medidas de obligado cumplimiento para los miembros de esta organización, tales como "la contratación obligatoria de determinados trabajadores asalariados, la prohibición a los socios de prestar ciertos servicios -caso de los concertados, por ejemplo-, así como otras medidas también restrictivas en materia de publicidad".

Los hechos expuestos comenzaron a investigarse en 2012, a instancias de la denuncia presentada por uno de los taxistas afectados.

El análisis de la información recabada permite a este departamento de la Administración afirmar que existen "indicios racionales" sobre la realización por parte de Tele-Taxi de conductas que serían contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

En este sentido, la tramitación del expediente se rige mediante lo establecido a través de la citada Ley. Por consiguiente, se fija en 18 meses la duración máxima del procedimiento.

Una vez incoado el expediente sancionador, los siguientes pasos estarán vinculados a la propia instrucción, de manera que el Departamento de Investigación llevará a la práctica cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades.

Terminada esta fase de instrucción, el procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción del presunto infractor. En caso contrario, se archivarían las actuaciones.

Sea como fuere, destacan la necesidad de incidir en que "la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación".

Las mismas fuentes detallan que con éste son cinco ya los expedientes sancionadores que la ADCA ha incoado contra asociaciones de taxistas en la comunidad autónoma, y todas ellas por conductas restrictivas de la competencia.

Dos de ellos se encuentran en fase de tramitación (Unión del Taxi del Aljarafe y Radio Taxi Córdoba 2), mientras que los casos abiertos en 2008 contra las emisoras de taxi de Córdoba y Sevilla, respectivamente, concluyeron en sendas resoluciones sancionadoras del año 2010, que han sido íntegramente confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) salvo en el importe de las multas, definitivamente fijado en 55.500 y 46.300 euros, respectivamente.

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