Fue condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación para el oficio bancario

El Supremo anula el indulto al banquero del Santander concedido por el Gobierno de Zapatero

El Alto Tribunal considera que el Ejecutivo se excedió al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita.

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado del banco Santander condenado a tres meses y suspensión para el oficio bancario que le impuso la Sala Penal del Alto Tribunal el 24 de febrero de 2011.

Según informa el diario El Mundo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado esta medida de gracia del por entonces Gobierno socialista al estimar que se excedió en su ámbito de aplicación, al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita.

El Alto Tribunal ha estimado así el recurso interpuesto contra el indulto -que ya contaba con la oposición del fiscal y del Supremo- por parte de dos de los empresarios que fueron a la cárcel a causa de la falsa querella autorizada por Sáenz.

Además de perdonarle las penas, el indulto añadía que quedaban sin efecto "cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria".

Hechos probados

Los hechos entonces probados fueron que Banesto, "con el conocimiento y beneplácito" de Sáenz, por entonces su máximo responsable, presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios, a sabiendas de que esas imputaciones eran falsas. Esta querella dio lugar a la detención de los empresarios y a su ingreso en prisión durante unos días.

La denuncia fue interpuesta por Banesto con el fin de presionar al grupo Harry Walker, con participación minoritaria de los empresarios, para que accediera al pago de una deuda contraída con la entidad de 3,8 millones.

El Supremo recuerda que puede ser objeto de indulto la aplicación de la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso, ya que la ley de indulto permite conmutar penas, pero no sus consecuencias en el ámbito administrativo.

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