FACUA critica que ninguna Administración actuó contra Telefónica por la campaña sancionada ahora con 1.400 millones

La Federación había denunciado la campaña publicitaria ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Secretaría General de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Consumo y la Comunidad de Madrid.

Ante la sanción de 1.400 millones de pesetas impuesta a Telefónica por el Tribunal de Defensa de la Competencia por una "conducta restrictiva de la competencia" en el lanzamiento de sus Planes Claros de principios de 1998, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica la pasividad de las Administraciones competentes en materia de control de la publicidad, que en ningún momento paralizaron estos anuncios ni impusieron sanciones a Telefónica pese a las denuncias presentadas por FACUA.

Entre otros aspectos, el dictamen emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia a raíz de una denuncia de Retevisión y cuyo recurso ha anunciado la empresa, indica que Telefónica vulneró el artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia por realizar una campaña de publicidad engañosa, dado que los planes aún no habían recibido la pertinente aprobación del Gobierno.

FACUA denunció dicha campaña ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, ante el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid (donde la empresa tiene su sede). Ninguna de estas Administraciones actuó contra la empresa a excepción de la Secretaría General de Comunicaciones (con competencias en el control de los contenidos de las cadenas de ámbito nacional), que se limitó, un mes y medio después de haber sido presentadas las denuncias, a requerir a Telefónica que se abstuviese "de realizar estas prácticas publicitarias".

FACUA critica la pasividad de las Administraciones competentes ante prácticas publicitarias que atentan contra los derechos de los consumidores. En la mayoría de los casos, los organismos no cuentan con suficiente personal para realizar controles sobre la publicidad que difunden los medios de comunicación. A esto se une la permisividad con los anunciantes con la que muchas Administraciones actúan ante las denuncias. En los casos en que se abren expedientes contra las empresas, las campañas publicitarias ya han finalizado y cumplido sus objetivos.

El Tribunal de Defensa de la Competencia considera probado que Telefónica elaboró su campaña publicitaria "de forma precipitada" y resalta la desproporción de los medios destinados a ella, ya que la empresa invirtió 1.400 millones en publicitar un plan de descuentos que aún no estaba aprobado por el Gobierno.

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