Competencia abre una investigación de oficio sobre el cártel del asfalto en Cantabria

Las multas a las empresas suman más de dieciséis millones de euros.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) inició de oficio la investigación sobre el cártel del asfalto en Cantabria tras recibir una denuncia anónima, según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós.

Las multas impuestas a once empresas por llegar a acuerdos para repartirse el mercado del asfalto en Cantabria, suman en realidad más de dieciséis millones y medio de euros, y no los doce millones de los que informó este lunes por error la CNC.

La resolución de la Comisión Nacional de la Competencia agota la vía administrativa, y las empresas disponen ahora de dos meses de plazo para recurrirla ante la Audiencia Nacional. Fuentes de la CNC han explicado a esta agencia que, en este tipo de casos, normalmente las empresas piden la suspensión de la ejecución de la resolución hasta que se dicte sentencia.

Por lo general, la Audiencia concede la suspensión del pago de la multa, pero ordena a las recurrentes la constitución de un aval que garantice el pago de la multa en caso de que se desestime su recurso.

"Amañaban los concursos"

Competencia considera que estas empresas "amañaban los concursos" y que su actuación ha ido "en detrimento de la administración pública", que ha sido "la gran perjudicada", tanto a nivel nacional (Ministerio de Fomento) como regional (Gobierno de Cantabria).

Recuerda asimismo que este organismo no tiene un fin recaudatorio y que se trata de multas "disuasorias" puesto que su "prioridad" es "que no se vuelvan a cometer este tipo de conductas ilegales".

El consejo de la CNC considera acreditada la existencia de diversos acuerdos anticompetitivos alcanzados por las empresas imputadas que habrían mantenido su vigencia desde 1998 hasta, al menos, abril de 2011 y habrían afectado a más de 900 obras en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma.

El 22 de junio de 2011 la Dirección de Investigación de la CNC abrió expediente sancionador a varias empresas por una posible conducta anticompetitiva, consistente en la adopción de acuerdos de fijación de precios y reparto de obras y clientes, tanto públicos como privados, en el sector de la conservación, mejora, refuerzo, renovación, rehabilitación y construcción de firmes y plataformas (carreteras, autovías, etc.).

Previamente, con fecha 6 de abril de 2011, se había procedido a realizar inspecciones en las sedes de tres de las empresas.

Multas

Competencia ha multado a los grupos Servicios y Obras del Norte (Senor), con una suma de 4,4 millones de euros; a SIEC, con 3,82 millones; Emilio Bolado (2,56 millones de euros); Acansa, del grupo Emilio Bolado (307.728 euros); Ascan (2,29 millones de euros), Arruti Santander (1,46 millones de euros), Asfin Cantabria (595.600 euros), Cuevas Gestión de Obras (335.030 euros), Hermanos Torres Roiz (555.670 euros), INOR (86.080 euros) y Construboc 2002 (129.050 euros).

En los casos de Ascan, Senor y Emilio Bolado son responsables por segunda vez de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque la CNC indicó que el hecho de que el procedimiento administrativo correspondiente a la anterior infracción no hubiera sido resuelto al tiempo de los hechos actualmente sancionados impide la toma en consideración de dicha circunstancia como agravante.

En concreto, se trataba de un cártel de reparto de mercado muy elaborado, entre un grupo de empresas denominadas colectivamente G5 (Senor, Arruti, Emilio Bolado y Acansa, Asfin y Ascan), en el que, al menos desde 2006 a 2010, se acordaba el reparto del mercado del asfalto en Cantabria mediante el reparto tanto de las obras licitadas por organismos públicos, fundamentalmente el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento, como de las ofertas realizadas por clientes de carácter privado y las ventas del asfalto directamente en planta.

Acuerdos complementarios

Asimismo, el organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, señala que se ha podido acreditar también la existencia de una serie de acuerdos complementarios de los del G5 y necesarios para implementar los mismos, u otros que pudieran existir entre las empresas, relacionados con licitaciones a organismos públicos realizados entre Senor, Arruti Emilio Bolado y Acansa, Asfin, Ascan, Construboc, INOR, HTR, Cuevas y Siec, desde 1998 hasta al menos 2011.

Estos consistían en la colusión para la presentación de ofertas a licitaciones públicas relacionadas con la construcción y mejora de vías públicas en la comunidad cántabra y proximidades.

Los acuerdos llevados a cabo en el seno del G5 se refieren a todo tipo de procedimiento de adjudicación de obras que se llevaban a cabo en la Administración y fuera de ella, mientras que los acuerdos de acompañamiento normalmente eran necesarios para el reparto de las obras correspondientes a procedimientos negociados normalmente sin publicidad y contratos menores.

En 2011, la CNC, en un informe, ya consideraba que la colusión en la licitación pública suponía un encarecimiento de aproximadamente el 20% de los contratos, con manifiesto perjuicio para las cuentas públicas y paralelo enriquecimiento ilícito de quienes participan en estas conductas.

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